Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya
Un tribunal federal negó el amparo a Emilio Lozoya, quien buscaba extinguir su proceso por el caso Agronitrogenados. Te contamos los detalles.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, frustrando su estrategia legal para que se declare la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputan en el emblemático caso de la compra de la planta Agronitrogenados. La resolución mantiene vigente el proceso penal en su contra por cohecho y lavado de dinero.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, presidido por el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, rechazó por unanimidad el recurso de amparo promovido por la defensa de Emilio Lozoya Austin. Con esta decisión, se confirma el fallo emitido en julio de 2024 por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo, que ya había denegado la protección de la justicia federal.
La resolución del tribunal cierra una vía legal mediante la cual el exfuncionario buscaba que un juez de control del Reclusorio Norte analizara y, eventualmente, declarara la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este argumento formaba parte de un incidente de sobreseimiento que ya había sido declarado improcedente, y que Lozoya intentó revivir a través del amparo.
¿Qué significa esta negativa para Emilio Lozoya? Implica que continuará formalmente vinculado a proceso por los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y ejercicio indebido del servicio público, acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los delitos y la acusación
La FGR acusa a Lozoya Austin de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares en 2013 por parte de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), entonces bajo el mando del empresario Alonso Ancira. El presunto pago ilegal habría sido a cambio de que Petróleos Mexicanos (Pemex) comprara la planta de fertilizantes Agronitrogenados a un precio muy superior a su valor real.
Tanto Lozoya como Ancira están señalados por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero relacionados con esta operación. Aunque ambos fueron vinculados a proceso, el camino judicial ha estado lejos de ser straightforward.
Incumplimiento de Alonso Ancira
Una de las claves para entender la lentitud del caso radica en un acuerdo de reparación del daño. El 31 de agosto de 2023, el juez de control federal Gerardo Alarcón López ordenó la suspensión temporal del proceso contra Lozoya. Esta medida se tomó basándose en el argumento de su defensa de que Alonso Ancira había iniciado el pago de 216 millones de dólares a Pemex como compensación por el sobreprecio pagado en la compra.
Sin embargo, el pacto no se cumplió. Ancira se comprometió a liquidar 112 millones de dólares restantes antes del 1 de diciembre de 2023, pero dejó de cumplir con los pagos. Hasta la fecha, se estima que el empresario adeuda más del 50% del monto total acordado.
Este incumplimiento es el principal obstáculo para que el proceso judicial avance o se cierre definitivamente. La postura de la FGR ha sido consistente: mientras no se liquide íntegramente la reparación del daño, no puede decretarse una suspensión definitiva del proceso. Esta situación mantiene el caso en un limbo legal, sin fechas claras para su reactivación o resolución final.
El costo millonario para Pemex
La magnitud del perjuicio económico fue detallada exhaustivamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según su investigación, el 29 de enero de 2014, Pemex, bajo la dirección de Lozoya, pagó 275 millones de dólares por una planta fertilizante que llevaba inactiva desde 1999 y cuyo valor real de mercado se estimaba en apenas 58 millones de dólares.
Esta operación representó un sobreprecio inmediato de 216 millones de dólares. Además, la paraestatal tuvo que realizar inversiones posteriores para intentar rehabilitar la instalación, que nunca llegó a operar a plena capacidad. El costo total de esta adquisición, sumando la compra y los gastos de rehabilitación, asciende a aproximadamente 760 millones de dólares, según la UIF.
El organismo también señaló que Lozoya recibió, al menos, 8.4 millones de dólares en sobornos como parte de esta transacción, fondos que fueron movilizados a través de complejas operaciones internacionales de lavado de dinero. Estos señalamientos son la base fundamental de la acusación de la FGR.
Con la reciente negativa del amparo, el panorama judicial para Emilio Lozoya se mantiene incierto y complejo. Su futuro legal depende en gran medida del cumplimiento de una deuda millonaria por parte de Alonso Ancira y de la voluntad de la fiscalía de reactivar un proceso que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en México.
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