Tribunal rechaza queja de Lambertina Galeana por prisión
Tribunal federal rechaza queja de Lambertina Galeana y confirma su prisión preventiva en el caso Ayotzinapa por desaparición forzada.
Un tribunal federal confirmó la negativa de revisar la prisión preventiva impuesta a Lambertina Galeana, implicada en el caso Ayotzinapa por desaparición forzada.
Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declararon infundada la queja promovida por la defensa de Lambertina Galeana Marín, quien buscaba la suspensión provisional de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra.
Los magistrados respaldaron parcialmente el criterio de Marina Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, quien anteriormente había negado la medida cautelar solicitada por la exfuncionaria.
El tribunal concluyó que conceder la suspensión equivaldría a otorgar un beneficio definitivo, dejando sin materia el juicio de amparo. Por ello, los agravios señalados fueron desechados y el recurso quedó cerrado al no existir diligencias pendientes.
Acusación en el caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Lambertina Galeana Marín de ordenar la destrucción de grabaciones del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente se registraron hechos vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En mayo de 2025, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó auto de formal prisión contra la exmagistrada por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público.
Posteriormente, esa misma jueza le negó abrir el incidente de revisión de la prisión preventiva, decisión que ahora ha sido ratificada en segunda instancia.
Reclusión en penal federal de Morelos
Lambertina Galeana permanece recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde enfrenta el proceso penal correspondiente. Su situación legal continúa sujeta a las decisiones judiciales que surjan en el curso del juicio de amparo promovido por su defensa.
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