Trump demanda al WSJ por difamación; SIP advierte censura

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la demanda de Trump contra el Wall Street Journal, al considerarla un intento de intimidar a medios críticos.

La SIP denunció que la querella legal impulsada por Trump, que exige al menos 20 mil millones de dólares en compensación, representa un intento de desalentar la cobertura crítica y sentar un peligroso precedente democrático.

Según el comunicado, la demanda busca censurar a medios que cumplen su rol fiscalizador. "Utilizar el aparato legal del Estado para silenciar voces periodísticas constituye un retroceso democrático", señaló José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

Contenido de la demanda y postura del WSJ

La querella fue presentada ante una corte federal en Miami, e involucra a Dow Jones, News Corp. y dos periodistas del medio. El artículo en cuestión refiere la existencia de una supuesta carta de felicitación firmada por Trump para Epstein, acompañada por un dibujo de una mujer desnuda, con fecha de 2003.

Trump negó la autenticidad de la carta, calificando la historia como "noticia falsa", y afirmó haber advertido a Rupert Murdoch que evitara la publicación.

Desde The Wall Street Journal, un portavoz aseguró que confían plenamente en el rigor de su cobertura y que defenderán vigorosamente el caso en tribunales.

Contexto y antecedentes de ataques legales

La demanda forma parte de una serie de acciones judiciales que Trump ha emprendido contra medios durante su campaña electoral de 2024. Entre ellas, destacan litigios contra ABC News y CBS, que terminaron en acuerdos extrajudiciales con pagos millonarios.

La organización Reporteros Sin Fronteras también ha advertido sobre la hostilidad creciente del gobierno de Trump hacia los medios, comparando sus tácticas con las empleadas en regímenes autoritarios.

Riesgos para la libertad de prensa en la región

La SIP recordó que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta II condenan acciones que puedan generar autocensura o poner en riesgo la sostenibilidad de los medios. En este contexto, la demanda es considerada una posible SLAPP, es decir, una demanda estratégica contra la participación pública, sin fundamento jurídico sólido.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, afirmó que “castigar a los medios desde el poder erosiona el derecho del público a estar informado”.