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Ya no hay fecha límite para denunciar abuso infantil en México

La SCJN elimina el límite para denunciar abuso infantil en México, permitiendo a las víctimas buscar justicia sin importar el tiempo transcurrido.

Abuso
Agencias
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La Suprema Corte garantiza que las víctimas de violencia sexual infantil puedan exigir justicia en cualquier momento, sin importar cuántos años hayan pasado.

La Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad el Amparo Directo 34/2024, estableciendo que el derecho a reclamar responsabilidad civil por violencia sexual sufrida en la infancia no prescribe, con base en el principio de acceso a la justicia y reparación integral.

En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o adolescencia pueden ser reclamados civilmente en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.

El fallo responde al Amparo Directo 34/2024, presentado ante el Alto Tribunal y redactado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y se centra en proteger el derecho al acceso a la justicia, la reparación integral del daño, y la protección especial a menores de edad frente a todo tipo de violencia.

Protección integral y derecho al tiempo

La SCJN subrayó que las víctimas infantiles no siempre pueden identificar o verbalizar el abuso de forma inmediata, y que los plazos legales tradicionales —como el de diez años contemplado en el Código Civil de la CDMX— pueden convertirse en un obstáculo real para acceder a la justicia.

Este nuevo criterio reconoce el derecho al tiempo, es decir, el lapso necesario para que una persona afectada pueda comprender, procesar y hablar sobre lo ocurrido, en condiciones de seguridad emocional y psicológica.

No más revictimización ni culpabilización

El Alto Tribunal consideró que imponer una prescripción civil revictimiza a quienes guardaron silencio por miedo, trauma o falta de apoyo, y culpabiliza a la víctima por no haber actuado antes. Además, exige que los jueces civiles adopten un enfoque más protector y empático al evaluar estos casos.

La decisión también rechaza la exigencia de detalles precisos o traumáticos en las demandas, ya que puede representar una nueva forma de violencia institucional.

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