Caso El Pinal: los testimonios que ponen bajo la lupa un operativo en Chihuahua

Testimonios y peritajes incorporados a la causa penal 408/2026 señalan la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y posibles irregularidades legales.

Un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) reúne testimonios ministeriales y dictámenes periciales que apuntan a la participación de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo en el rancho El Pinal, Chihuahua, así como a posibles irregularidades en la actuación de autoridades estatales.

Testimonios señalan participación de agentes de la CIA

De acuerdo con el expediente de la causa penal 408/2026, citado por EL UNIVERSAL, los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black habrían participado en actividades tácticas durante el operativo en el rancho El Pinal, en Chihuahua.

El agente Ricardo Faustino Campos Ocón declaró que observó a personas que acompañaban al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y que hablaban inglés. También señaló que los extranjeros salieron en el convoy desde las instalaciones de la fiscalía en Chihuahua capital.

Por su parte, Martín Abad Leal Tapia, integrante del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), afirmó que los presuntos agentes estadounidenses portaban armas largas, utilizaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y mantenían comunicación directa con el director de la AEI.

Estos testimonios forman parte de las diligencias ministeriales relacionadas con la investigación federal.

Peritaje advierte falta de fundamento legal

El dictamen de Criminalística de Campo de la Policía Federal Ministerial, fechado el 11 de septiembre de 2026 y firmado por Araceli Bravo González, señala que no se identificaron elementos que justificaran legalmente el despliegue.

Según el documento citado por EL UNIVERSAL, no había constancia de una carpeta de investigación iniciada ni de diligencias que fundamentaran la intervención del personal estatal y extranjero.

Asimismo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría encuadrado las acciones investigadas en posibles delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.

Rastreo vehicular y videovigilancia

Los informes periciales también incluyen datos de geolocalización y grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los presuntos agentes extranjeros.

El análisis informático señala que un Volkswagen Jetta plateado, con placas EKN199B, rentado por Richard Leiter Johnston III, ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) el 16 de abril de 2026, a las 9:54 horas, y permaneció en ese lugar hasta las 21:40 horas del 19 de abril de 2026.

Por otro lado, el dictamen de audio y video forense identificó grabaciones del 16 de abril de 2026, en las que aparecen hombres con mochilas que salen del inmueble. El análisis también registró posteriormente a un tercer individuo cuyas características, según el informe, coincidirían con las de uno de los integrantes del grupo extranjero.

Sedena delimita su participación en el operativo

El expediente incluye un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), identificado como R.J.I-11529/2, en el que el coronel de Infantería Agustín Velasco Sánchez informó que la intervención militar se limitó a proporcionar seguridad periférica o externa.

De acuerdo con el documento, ese apoyo se brindó a petición de la fiscalía estatal, realizada durante la Mesa de Seguridad Estatal. La comunicación delimita la participación reportada por la dependencia militar respecto de la planeación táctica del despliegue.

Testimonio describe instrucciones para no difundir información

Otro de los puntos incluidos en el expediente se refiere a las instrucciones que habrían recibido los agentes después del accidente ocurrido durante el regreso del operativo.

Martín Abad Leal Tapia declaró que, alrededor de las 2:00 horas del 19 de abril de 2026, el escolta del director de la AEI, Isaías López, pidió a los presentes que no tomaran fotografías ni difundieran información sobre lo ocurrido. Según su testimonio, la instrucción se atribuyó al entonces jefe de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El relato forma parte de las declaraciones ministeriales incorporadas a la investigación sobre el operativo en El Pinal y las circunstancias posteriores al despliegue.

Investigación federal contra exfuncionarios de Chihuahua

Las entrevistas ministeriales y los dictámenes periciales forman parte de la causa penal federal 408/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El expediente señala al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y al exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, en relación con los hechos investigados.

Los documentos descritos apuntan a posibles irregularidades en la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad en territorio mexicano. La determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales, con base en las pruebas y el desarrollo del procedimiento.

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