CNDH emite recomendación a Fiscalía de Jalisco por irregularidades en Rancho Izaguirre

La CNDH emitió una recomendación contra la Fiscalía de Jalisco por irregularidades en la investigación del Rancho Izaguirre, donde detectó fallas en evidencias y cadena de custodia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por violaciones a derechos humanos durante la investigación realizada en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.

El organismo concluyó que existieron deficiencias en el procesamiento de indicios, preservación del lugar de los hechos y manejo de la cadena de custodia, lo que afectó la eficacia de la investigación.

Fallas en el procesamiento de indicios y evidencias

De acuerdo con la CNDH, personal de la Fiscalía de Jalisco y del IJCF no realizó de manera integral el procesamiento técnico de los indicios localizados, particularmente en aspectos clave como identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado.

La Comisión explicó que en marzo de 2025 atrajo la investigación por presuntas violaciones a derechos humanos y envió personal al lugar para realizar diligencias de observación y reconocimiento.

Durante estas inspecciones se detectó que no existían constancias para acreditar el aseguramiento de varias prendas ni registros de cadena de custodia, lo que permitió presumir omisiones en la actuación de elementos de la Policía de Investigación y del personal forense.

Hallazgos en el Rancho Izaguirre

La CNDH señaló que el sitio estaba bajo resguardo de la Fiscalía Estatal, institución responsable del levantamiento y aseguramiento de evidencias vinculadas con posibles hechos delictivos.

En el inmueble se reportó la existencia de siete vehículos automotores, armas de fuego, indicios balísticos, diversos objetos de interés criminalístico y un elemento óseo.

Además, el 3 de octubre de 2024 se ordenó una búsqueda exhaustiva del predio para localizar posibles sitios de inhumación relacionados con personas desaparecidas. Como resultado se encontró un lote óseo y varios objetos que no fueron asegurados, inventariados ni registrados en el dictamen pericial correspondiente.

Vehículos sustraídos y retrasos en peritajes

La investigación también detectó que no se localizaron dictámenes periciales que acreditaran el procesamiento técnico de los siete vehículos encontrados, y que tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024.

La CNDH señaló que esta situación evidencia que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble, pese a estar directamente relacionado con una carpeta de investigación.

También se identificó un retraso en el análisis genético de muestras biológicas encontradas en el lugar. Aunque fueron entregadas para estudio el 20 de septiembre de 2024, su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025.

Acceso al inmueble alteró posibles evidencias

Otro de los puntos señalados por la CNDH ocurrió el 20 de marzo de 2025, cuando se permitió el ingreso de diversas personas al predio, a pesar de que el sitio seguía en proceso de intervención pericial.

Aunque el acceso pretendía ser controlado, el número de participantes provocó pérdida de control del área, lo que derivó en alteraciones del lugar y de posibles indicios.

La Comisión advirtió además que en la página oficial del IJCF existe un archivo con mil 842 indicios documentados con registro fotográfico, pero sin asegurar debidamente la cadena de custodia.

CNDH pide disculpa pública y medidas correctivas

Ante estas irregularidades, la CNDH solicitó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en un plazo de seis meses.

También pidió elaborar o actualizar protocolos de actuación para la correcta preservación de lugares de intervención, procesamiento técnico de indicios y manejo adecuado de la cadena de custodia.

Asimismo, ambas instituciones deberán colaborar en procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados e implementar programas de capacitación en derechos humanos y conducción de investigaciones.

Noticias del tema