Condenan a 17 años a exfuncionario de Veracruz por desaparición
Un exfuncionario de Veracruz fue sentenciado a 17 años de prisión por desaparición de personas tras ocultar cuerpos hallados en 2016 en Emiliano Zapata.
Un juez condenó a 17 años de prisión a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales en Veracruz, por su responsabilidad en el delito de desaparición de personas.
Sentencia por ocultamiento de cuerpos en Veracruz
La resolución judicial establece que el exfuncionario, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, participó en la alteración y ocultamiento de evidencia relacionada con restos humanos localizados en 2016.
Los hechos ocurrieron en La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada de Xalapa, donde inicialmente se reportó el hallazgo de 6 cuerpos, aunque en realidad eran al menos 19 restos humanos.
Manipulación de evidencia y desaparición de restos
De acuerdo con la investigación, por instrucciones del exfuncionario se ocultaron 13 cuerpos, de los cuales uno fue trasladado a otra localidad para simular su hallazgo.
Ese cuerpo ya había sido identificado como un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que había desaparecido días antes.
Sobre los otros 12 restos no reportados, las autoridades señalaron que se desconoce su paradero e identidad, ya que presuntamente fueron entregados a instancias de seguridad estatal.
Detención y proceso judicial
Gilberto Aguirre Garza fue detenido en marzo de 2018 y desde entonces enfrentó un proceso judicial que concluyó con la sentencia.
El pasado 31 de marzo, la autoridad ya había determinado su culpabilidad por los hechos.
Además de la pena de prisión, se le impuso una sanción económica de mil 200 UMAs, así como inhabilitación para ocupar cargos públicos, suspensión de derechos civiles y una amonestación privada.
Desapariciones en Veracruz
El caso se enmarca en un periodo marcado por denuncias de desapariciones forzadas en Veracruz, donde investigaciones han señalado irregularidades en el manejo de restos humanos y actuaciones de autoridades.
Aunque durante el proceso se acreditó que el exfuncionario sufrió tortura durante su reclusión, esto no impidió que fuera declarado penalmente responsable.
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