Congreso avala ley general de feminicidio para homologar penas
El Senado validó reforma que ordena crear ley general de feminicidio para homologar penas, protocolos de investigación y reducir impunidad en todo México.
El Senado de la República declaró la validez de la reforma constitucional en materia de feminicidio, con lo que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general para homologar penas y criterios de investigación en todo el país.
Aval constitucional y respaldo estatal
La declaratoria fue realizada por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, luego de confirmarse el respaldo de 27 congresos estatales, alcanzando la mayoría requerida para validar la reforma.
La modificación corresponde al artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución, lo que representa un cambio estructural al facultar al Congreso de la Unión para legislar de manera general en materia de feminicidio.
Hacia una ley general de feminicidio
Con esta reforma, el Congreso federal estará obligado a expedir una legislación que establezca un marco jurídico único en todo el país, con el objetivo de homologar penas, tipificaciones y sanciones relacionadas con el delito de feminicidio.
La medida busca unificar los criterios legales entre las entidades federativas, lo que permitirá reducir las diferencias normativas que actualmente existen en la persecución de este delito.
Protocolos de investigación y coordinación
Entre los principales alcances de la reforma destaca la posibilidad de establecer protocolos de investigación más claros, así como mejorar la coordinación entre fiscalías estatales y federales.
El nuevo marco legal también pretende generar condiciones para acreditar el delito de feminicidio con criterios homogéneos, evitando vacíos legales que dificulten su sanción.
Combate a la impunidad
La homologación de normas permitirá avanzar en la reducción de la impunidad, uno de los principales desafíos en los casos de feminicidio en México, donde el delito ha mostrado un incremento en la última década.
La futura ley general obligará a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones conforme a los lineamientos federales, consolidando un sistema más uniforme en la procuración de justicia.
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