Corte Interamericana exige a Estados prevenir tráfico ilícito de armas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben reforzar normas, supervisar empresas armamentistas y cooperar internacionalmente para prevenir el tráfico ilícito de armas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas legales, administrativas y de cooperación internacional para prevenir el tráfico ilícito de armas, fenómeno que impacta directamente en la seguridad y en los derechos humanos en la región.
Corte IDH define obligaciones para combatir tráfico de armas
La determinación quedó plasmada en la Opinión Consultiva 30 de 2025, cuyos puntos centrales fueron presentados por el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, durante un acto transmitido por Internet.
La opinión fue emitida tras una consulta presentada por México en noviembre de 2022, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se solicitó al tribunal pronunciarse sobre la responsabilidad de los Estados frente a las actividades de empresas privadas de la industria de armas.
El gobierno mexicano argumentó que prácticas negligentes o falta de regulación pueden facilitar el tráfico ilícito de armas, lo que incrementa los niveles de violencia en la región.
Contexto de violencia y flujo ilegal de armamento
Durante la presentación de la resolución, el juez Mudrovitsch explicó que la Corte reformuló la consulta para enfocarla en una cuestión central: las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilegal de armas.
El tribunal analizó el contexto regional y destacó que la circulación ilegal de armamento tiene consecuencias directas sobre derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad personal.
El pronunciamiento se da en un escenario en el que Estados Unidos es señalado como la principal fuente de armas utilizadas en delitos en México, donde el gobierno estima que alrededor de 200 mil armas de origen estadounidense son traficadas cada año hacia territorio nacional.
Medidas que deben aplicar los Estados
La Corte concluyó que los países deben actuar con debida diligencia para prevenir actividades relacionadas con el tráfico ilegal de armamento. Entre las obligaciones señaladas se encuentran la adopción de normas internas adecuadas, la supervisión de empresas del sector y la garantía de recursos judiciales efectivos para las víctimas.
Asimismo, el tribunal indicó que los Estados deben implementar mecanismos de marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar importaciones o exportaciones y establecer medidas de seguridad en la gestión de arsenales estatales y armas decomisadas.
En relación con las empresas privadas, la Corte subrayó que los gobiernos deben supervisar y fiscalizar sus actividades, a fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones sobre comercio de armas y de las obligaciones vinculadas al respeto de los derechos humanos.
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