Delcy Rodríguez promulga ley de amnistía para presos políticos en Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía que permitirá revisar casos de presos políticos y favorecer liberaciones progresivas.
La presidenta interina Delcy Rodríguez promulgó la nueva ley de amnistía general que busca liberar a ciudadanos detenidos por motivos políticos, incluyendo activistas, periodistas, abogados y opositores, con revisión inmediata de expedientes desde 1999. La medida marca un cambio significativo en la política venezolana tras décadas de negación de presos políticos.
Alcance y beneficiarios de la amnistía
La normativa concede amnistía plena a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales, desde protestas hasta episodios de violencia vinculados a procesos electorales. La ley también incluye casos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas, incluyendo menores de edad.
Exclusiones y límites de la ley
No podrán acceder a la amnistía quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía o la integridad territorial de Venezuela con apoyo de actores extranjeros. Las autoridades enfatizaron que la medida busca la reconciliación nacional y la convivencia democrática, sin afectar la seguridad del país.
Reacción de organizaciones y sociedad civil
ONG como Foro Penal han seguido de cerca el proceso legislativo. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, destacó la importancia de garantizar derechos humanos y medidas efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias. Actualmente, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, y ya se confirmó la excarcelación de 448 detenidos, en su mayoría con libertad condicionada.
Expectativas y próximos pasos
Familiares de detenidos han demandado la aplicación inmediata de la ley mediante campamentos y huelgas de hambre. La implementación efectiva dependerá de la rapidez con la que el sistema judicial y las autoridades administrativas revisen los expedientes y otorguen los beneficios correspondientes, abriendo la posibilidad de nuevas excarcelaciones en las próximas semanas.
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