Desalojan a familias de la colonia Occidental sin orden judicial en Frontera
El conflicto por el terreno se arrastra desde marzo del año pasado.
Más de una veintena de familias denunciaron que fueron desalojadas de manera violenta por policías municipales y estatales de un predio en disputa en la colonia Occidental, sin que se les presentara una orden judicial ni se les notificara previamente.
Desalojo violento y destrucción de viviendas
Habitantes de un predio en pugna en la colonia Occidental de Frontera acusaron a autoridades municipales y estatales de ejecutar un desalojo irregular, durante el cual sus viviendas fueron destruidas con maquinaria pesada. Los afectados aseguraron que existe un juicio en curso por la propiedad del terreno y un amparo vigente, pero se actuó sin respetar los procesos legales.
Margarito Díaz Alvarado, habitante del lugar, narró que desde temprana hora arribaron elementos policiacos acompañados de maquinaria, con la que comenzaron a derribar viviendas habitadas. Varias personas se encontraban dentro de sus casas cuando iniciaron los trabajos, sin que mediara aviso alguno.
“Yo tenía un cuartito de lámina, estaba acostado cuando llegaron… tuve que sacar mis cosas entre los escombros”, expresó Díaz Alvarado, describiendo la situación de riesgo para familias, niños y adultos mayores.
Predio en disputa desde el año pasado
El conflicto por el terreno se arrastra desde marzo del año pasado, cuando comenzó la disputa con un particular identificado como Gerardo Oyervides, quien asegura contar con un contrato de compraventa emitido por la presidencia municipal. Las familias sostienen que el predio es ejidal y que el Ayuntamiento no tiene facultades para venderlo.
Intentos de diálogo con autoridades, incluida la alcaldesa, fueron negados, por lo que los afectados buscaron apoyo legal por otras vías.
Obdulia Cisneros destacó que el predio lo compraron a un particular y que hace una semana autoridades presionaban para firmar la cesión de derechos, pero se negaron.
Denuncian presión y falta de apoyo legal
Notarios y otras instancias se negaron a apoyarlos bajo el argumento de que tenían “órdenes del gobierno” para no intervenir, dejando a las familias en una situación de indefensión frente a lo que consideran un abuso de poder.
El juicio por la posesión del predio aún no concluye, y existe un amparo vigente, lo que hace incomprensible el desalojo y la demolición de viviendas sin resolución judicial.
Viviendas destruidas y familias afectadas
En el predio habitaban más de 20 familias, algunas con varios años de residencia y otras con más de tres décadas en el lugar. Durante el operativo, varias casas fueron derribadas total o parcialmente, dejando a adultos mayores, mujeres y menores de edad sin un lugar donde resguardarse.
Virginia Cázarez Hernández y Patricia Flores Vázquez relataron que sintieron temor, ya que la maquinaria operaba mientras aún había personas dentro de las viviendas, obligándolas a sacar pertenencias entre los escombros.
Exigen reparación del daño y respeto al proceso legal
Las familias afectadas exigieron la reparación del daño y que se detengan las acciones en el predio hasta que el juicio concluya. Aseguraron que no se oponen a una resolución legal, pero demandan que se respeten sus derechos y el debido proceso.
Acusaron que detrás del desalojo existe corrupción y favoritismo, y cuestionaron el uso de la fuerza pública para beneficiar a un particular mientras decenas de personas quedaron sin hogar.
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