Desmantelan narcolaboratorio ligado a hermano de Emma Coronel en Guerrero

Autoridades federales desmantelaron en Petatlán un narcolaboratorio de alta capacidad vinculado a una red criminal, con aseguramiento de químicos, campamentos y una afectación económica millonaria.

Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino de alta capacidad en el municipio de Petatlán, Guerrero, presuntamente vinculado con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de acuerdo con indicios obtenidos durante las investigaciones oficiales.

Operativo federal en Petatlán

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El despliegue derivó en la localización de una bodega utilizada como laboratorio clandestino, considerada una instalación de alta capacidad operativa para la elaboración de drogas sintéticas en la región.

Capacidad y sustancias aseguradas

Durante los recorridos terrestres, las fuerzas federales ubicaron una bodega con precursores químicos y un campamento clandestino presuntamente empleado para la producción de estupefacientes. En el sitio se aseguraron e inhabilitaron aproximadamente 24 mil 920 litros y más de 12 mil 200 kilogramos de sustancias químicas, catalogadas como de alto riesgo para la salud pública. Información oficial señala que el laboratorio tenía la capacidad de producir de manera simultánea metanfetaminas, tusi y opioides sintéticos, una característica poco común en este tipo de instalaciones clandestinas.

Aseguramientos adicionales y daño económico

En una segunda acción, fue desmantelado un campamento clandestino donde se aseguraron vehículos, armamento, municiones, ropa y equipo táctico, así como material presuntamente utilizado por la delincuencia organizada. En total, cuatro inmuebles fueron intervenidos e inutilizados para evitar su reutilización con fines ilícitos. Las autoridades estimaron que la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a casi 30 millones de pesos.

Investigación en curso

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con estructuras criminales que operan en la zona.

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