Diputados aprueban reforma para seguridad social en el campo
La Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar seguridad social a trabajadores del campo y fortalecer condiciones laborales en el sector agropecuario en México.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló una reforma para garantizar seguridad social a trabajadores agropecuarios y la envió al Ejecutivo federal.
Reforma laboral para el sector agropecuario
Con 396 votos a favor, los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para fortalecer los derechos laborales en el campo.
La reforma faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a emitir el Certificado Laboral para la Agroexportación, que acreditará el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
Protección social y condiciones laborales
El objetivo es garantizar el acceso a prestaciones laborales, servicios de salud y mecanismos de protección para trabajadores del sector agropecuario.
Actualmente, 8 de cada 10 trabajadores del campo carecen de acceso a estos derechos, de acuerdo con datos expuestos en el dictamen.
Impacto en comercio exterior y medio ambiente
Además, se aprobaron cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Comercio Exterior para asegurar que la producción agroalimentaria cumpla con estándares de producción libre de deforestación.
La medida busca impulsar prácticas sostenibles en las cadenas de valor del sector.
Empleo en el campo
En México, aproximadamente 5.3 millones de personas laboran en el sector agropecuario, pero solo 763 mil cuentan con seguridad social.
La informalidad alcanza niveles de más del 80%, lo que limita el acceso a derechos básicos.
Posturas en el Congreso
Legisladores coincidieron en que la reforma busca atender una deuda histórica con el campo mexicano, al mejorar las condiciones laborales y promover la formalización del empleo.
También señalaron que el desarrollo económico debe ir acompañado de la dignidad laboral y la protección social.
Siguiente paso legislativo
El dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y entrada en vigor, como parte de la actualización del marco laboral en el país.
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