El INE y el 2028

El peligro final no es solamente que un gobierno mienta, sino que la sociedad se acostumbre en gran medida a la mentira, la termine normalizando y deje de exigir la verdad. En ese escenario el poder puede sobrevivir a los escándalos porque no hay la urgencia de demostrar su inocencia. El fin justifica la victoria más corrosiva de cualquier régimen que utiliza deliberadamente la mentira como método de conservación del poder; no conseguir que el pueblo bueno y sabio le crea sino conseguir que nadie crea en nada.

En el contexto mexicano esta tóxica dinámica adquiere relevancia ante el remolino de corrupción en el INE y las lamentables declaraciones de Sheinbaum que atribuyen la cascada de irregularidades a administraciones anteriores en un burdo y descarado método para sacudirse el hedor de Taddei & Cía y su innegable afinidad con Morena.

Escurrir el bulto y repartir responsabilidades entre los fantasmas del pasado como si la corrupción tuviera fecha de caducidad y los pecados propios pudieran absolverse señalando los ajenos. Esa vieja artimaña de lanzar suficiente lodo sobre los demás para que nadie repare en el cochinero de casa. El cinismo pretendiendo pasar por inocencia y la desvergüenza por virtud republicana.

No alcanzan los desfiguros a los que someten esas lumbreras de asesores palaciegos a la presidenta para la sofisticada operación de lavado de manos con agua sucia.

La estrategia del régimen de pintar su raya como si la expresidenta consejera del INE hubiera aterrizado como generación espontánea en la máxima autoridad electoral del país y no hubiera contado durante su gestión con cercanías y respaldos políticos es una provocadora bofetada a la inteligencia del respetable.

El propósito político del despropósito de semejante mecanismo utilizado para desinformar es para confundir a suficientes ciudadanos desgastando la capacidad para distinguir los hechos de la propaganda y sustituir la rendición de cuentas por una interminable guerra de relatos.

La cuestión peligrosa ante los resbalones presidenciales y las maromas legislativas centra la atención en el punto nodal. La autoridad electoral está contaminada por los intereses que debería vigilar y navega en un mar de incertidumbre a pocos meses de la elección intermedia esbozando un escenario de alto riesgo doméstico e internacional. Un árbitro electoral que pierde credibilidad deja de ofrecer certezas incluso cuando actúa correctamente. Y una democracia sin confianza en sus elecciones, en la actual coyuntura geopolítica, puede perder su principal fuente de legitimidad. Cuando la corrupción ahoga al organismo encargado de contar los votos, lo que está en juego ya no es sólo el dinero público o la reputación de funcionarios. Es la posibilidad de que millones de mexicanos lleguen a las urnas sin saber si están participando en la escenografía de una democracia cuyos resultados podrían decidirse en otra parte.

Y si en la burbuja del poder con todo y sus relaciones narco-peligrosas se sienten dueños de las urnas, podrían descubrir, demasiado tarde, que una cosa es dilapidar instituciones y otra muy distinta pretender, en el contexto (geo)político actual bilateral, manosear y alterar resultados. Una fractura de legitimidad puede ser el disparador de un conflicto latente y subyacente tentando de manera irresponsable a la historia.

Y de paso darle aún más herramientas a Washington para justificar que la captura de un narco partido sobre el órgano electoral podría ser un problema de seguridad nacional y hemisférica rumbo al 2028.

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