Fiscalía investiga a Revolución Ciudadana por fondos ilícitos de campaña

La Fiscalía de Ecuador allanó viviendas de dos excandidatos presidenciales de izquierda por una investigación sobre presunto lavado de dinero de campañas vinculado a Venezuela.

La policía ecuatoriana y fiscales realizaron allanamientos en domicilios vinculados a Luisa González y Andrés Arauz, en el marco de una investigación por presunto lavado de fondos de campaña ilícitos provenientes de Venezuela, según confirmaron autoridades judiciales.

Allanamientos a figuras clave de Revolución Ciudadana

La investigación se centra en Revolución Ciudadana (RC), partido fundado por el expresidente Rafael Correa, que dominó la política ecuatoriana durante una década y hoy enfrenta un escenario adverso bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa. La Fiscalía General de la República indaga un presunto esquema de financiamiento irregular que habría ocurrido hace dos años y que involucra recursos de origen venezolano destinados a campañas electorales.

Candidatos investigados y contexto electoral

Los allanamientos están vinculados a Luisa González, candidata presidencial en 2023 y 2025, y a Andrés Arauz, aspirante de RC en 2021. Noboa derrotó a González en ambas contiendas presidenciales, consolidando el giro político hacia la derecha en Ecuador. Las autoridades no han detallado los hallazgos de los operativos, mientras la investigación continúa en fase preliminar.

Correa denuncia persecución política

Desde Bélgica, donde permanece autoexiliado para evitar cumplir una condena por corrupción dictada en ausencia en 2020, Correa calificó la investigación como políticamente motivada. El exmandatario publicó una imagen de un documento no especificado en el que figura entre ocho presuntos sospechosos, tras una denuncia anónima presentada en noviembre. Bloomberg no pudo verificar la autenticidad del documento. Correa advirtió que RC, que cuenta con 61 de los 157 escaños de la Asamblea Nacional, podría enfrentar incluso su disolución por acusaciones de irregularidades en el financiamiento electoral.

Vínculos con Venezuela y tensiones regionales

Dirigentes de RC han mantenido históricamente vínculos con líderes venezolanos, incluido el expresidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y enfrenta cargos de narcotráfico y otros delitos en un tribunal federal de Nueva York, de los cuales se ha declarado inocente. El caso avivó un cruce público entre Noboa, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y Correa, quien reconoció haber asesorado al gobierno de Maduro en temas económicos. Dos asesores económicos del chavismo, Patricio Rivera y Fausto Herrera, trabajaron anteriormente con el gobierno de Correa.

Acusaciones cruzadas y legado político

Tras críticas de Correa por la postura de Noboa frente a la salida de Maduro, el actual presidente lo acusó de “permitir el financiamiento de su propio partido por parte de los narcos y del régimen de Maduro”. Aunque dejó el poder en 2017, Ecuador continúa lidiando con el legado político y económico del correísmo, incluida la Constitución de 2008 y múltiples disputas de arbitraje internacional. Correa ha mantenido influencia desde el extranjero, respaldando protestas en 2019 y 2022 y un proceso político que derivó en la disolución del Congreso en 2023.

Violencia política y reconfiguración del poder

Durante la campaña electoral, el candidato anticorrupción Fernando Villavicencio fue asesinado, un hecho que marcó el proceso previo a la victoria de Noboa. A diferencia del expresidente Guillermo Lasso, el partido oficialista Acción Democrática Nacional ha logrado dominar la Asamblea desde mayo, relegando a RC, aunque la izquierda mantiene peso político.

Caso Glas y fricciones con Colombia

El exvicepresidente Jorge Glas es el único alto dirigente de RC encarcelado, tras ser sentenciado por corrupción en una investigación ligada a una empresa de ingeniería brasileña. RC y aliados regionales, como el presidente colombiano Gustavo Petro, lo consideran preso político. Luego de pronunciamientos de Petro en favor de Glas, Noboa impuso un arancel del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, acusando falta de cooperación fronteriza contra el narcotráfico. En respuesta, Colombia suspendió exportaciones de electricidad a Ecuador y Petroecuador aumentó diez veces la tarifa de un oleoducto para crudo colombiano.

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