Gobernador de SLP frena reforma electoral tras polémica nacional
El mandatario estatal detuvo la publicación de la reforma que limitaba la candidatura al 2027 solo para mujeres, evitando malinterpretaciones políticas.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció este lunes que ejercerá su derecho de veto para impedir la publicación de la denominada "Ley Gobernadora" en el Periódico Oficial del Estado. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la decisión busca evitar que la oposición y ciertos sectores mediáticos utilicen la reforma para señalar un presunto beneficio directo hacia una persona en particular. Gallardo Cardona aseguró que el PVEM posee la fuerza necesaria para triunfar en los comicios de 2027 sin necesidad de legislaciones específicas, ya sea con una candidatura masculina o femenina.
Controversia por paridad de género y la SCJN
La reforma, aprobada a mediados de diciembre, planteaba modificaciones a la ley electoral local, incluyendo un artículo transitorio que establecía que únicamente mujeres podrían participar como candidatas a la gubernatura en 2027. Esta medida fue interpretada por diversos sectores como una estrategia para favorecer a la senadora Ruth González Silva. La polémica escaló a nivel nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la constitucionalidad de la norma en su conferencia matutina, mientras que la dirigencia de Morena amenazó con impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Regreso al Congreso y resoluciones judiciales
Tras el veto, la pieza legislativa será regresada al Congreso del Estado para que los diputados realicen las modificaciones que consideren pertinentes. Cabe destacar que este mismo lunes, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí desechó por unanimidad la primera impugnación ciudadana contra la ley, argumentando que solo la SCJN tiene facultades para derogar reformas electorales aprobadas por congresos estatales. Con este movimiento político, el gobernador busca reducir la tensión con la administración federal y garantizar que el proceso hacia las próximas elecciones se mantenga bajo los principios de legalidad y competencia abierta.
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