Gobierno federal analiza denuncias en minera Camino Rojo, Zacatecas
Caso Camino Rojo en Zacatecas es revisado por el gobierno federal tras denuncias de intimidación sindical, crimen organizado y posible responsabilidad empresarial minera canadiense Orla Mining.
El gobierno federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó la revisión del caso de la mina Camino Rojo, tras denuncias de intimidación laboral y presunta intervención del crimen organizado en Zacatecas.
Gobierno federal revisa situación en Camino Rojo
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso de la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, se encuentra bajo análisis del gabinete de seguridad y la Secretaría del Trabajo, luego de denuncias sobre presiones contra trabajadores sindicalizados.
La mandataria señaló que la información se está evaluando junto con el titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, para determinar la situación legal y laboral dentro de la operación minera.
Denuncias por intimidación y derechos laborales
El caso ha sido señalado por presuntas amenazas e intimidación a trabajadores afiliados a la sección 335 del sindicato minero, en un contexto de denuncias sobre la presencia de grupos del crimen organizado en la región.
De acuerdo con reportes periodísticos, la empresa concesionaria Orla Mining habría sido señalada por su actuación frente a los hechos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad laboral en la zona.
Revisión de concesión y análisis internacional
Cuestionada sobre la posibilidad de retirar la concesión minera, la presidenta indicó que el tema será revisado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y posteriormente se informará la determinación oficial.
Asimismo, el caso ha sido relacionado con análisis de paneles internacionales bajo el marco del T-MEC, que revisan posibles violaciones a derechos laborales y sindicales.
Contexto del caso en Zacatecas
La mina Camino Rojo, ubicada en el municipio de Mazapil, ha sido objeto de señalamientos por presunta violencia contra trabajadores y omisiones en la atención de conflictos sindicales, lo que mantiene el caso bajo observación federal.
Autoridades federales continúan recabando información para determinar responsabilidades y posibles acciones legales o administrativas.
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