Herdez: bajo presión por un conflicto laboral y ¿financiero?

Grupo Herdez está inmerso en un conflicto jurídico que pasó del ámbito laboral al penal, cuyo punto medular es la negativa de reconocer una relación de trabajo que ya fue acreditada y validada por un Tribunal Colegiado Constitucional especializado en materia laboral.

El caso expone un diferendo entre una empresa y un exempleado y, a su vez, una disputa que, tras una resolución firme en la vía laboral, derivó en órdenes de aprehensión contra dos extrabajadores y en la prisión preventiva de la abogada que los defiende, bajo acusaciones de fraude procesal sobre hechos que, según los involucrados, ya habían sido juzgados.

Se trata de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien fungió como directivo del grupo por más de 20 años, una relación que Herdez no logró desvirtuar durante el juicio laboral. El 5 de enero de 2023, un Tribunal Colegiado Constitucional determinó que sí existió vínculo laboral y condenó al pago de derechos correspondientes. A partir de ahí, la empresa optó por una ruta distinta. La defensa de los afectados sostiene que se abrió una carpeta penal para cuestionar, por otra vía, lo que no se pudo revertir en tribunales laborales.

En ese contexto aparece el juez de control José Alfredo Sotelo Llamas, señalado por los denunciantes de favorecer los intereses económicos de la compañía al mantener medidas cautelares como la prisión preventiva y limitar el ejercicio profesional de la defensa.

Herdez es una de las emisoras de la BMV más consolidadas del sector consumo en México. En 2025 reportó ingresos por 38 mil 593 millones de pesos y utilidades netas superiores a los 4 mil millones. Su capitalización bursátil ronda los 28 mil millones de pesos y su acción se mantiene cerca de máximos históricos, impulsada por desinversiones estratégicas y eficiencias operativas. Es, en términos financieros, una empresa sólida, rentable y con acceso al mercado. Precisamente por eso el conflicto adquiere otra dimensión.

El control de la compañía sigue concentrado. La familia Hernández-Pons posee alrededor de 68.5% del capital, con Héctor Hernández-Pons al frente como presidente y director general, acompañado en la alta dirección por Enrique Hernández-Pons y un consejo que combina perfiles familiares e independientes. Esa estructura ha permitido estabilidad en la toma de decisiones, pero también coloca bajo escrutinio cualquier estrategia que pueda interpretarse como un uso intensivo de recursos legales para contener pasivos laborales.

Y ese es otro ángulo que no se puede ignorar. Herdez reporta más de 12 mil 500 empleados en México, con una base operativa que representa más de tres cuartas partes de su plantilla. Mantiene además obligaciones por beneficios definidos —pensiones, primas de antigüedad— que al cierre de 2025 sumaban más de 900 millones de pesos, con un pasivo neto cercano a 660 millones. El costo anual de estos beneficios supera los 130 millones de pesos. La empresa no detalla públicamente cuántos trabajadores están próximos a jubilarse, pero sí reconoce una proporción relevante de personal por encima de los 50 años, lo que anticipa presiones futuras en ese rubro.

En ese contexto, cualquier precedente judicial que fortalezca la posición de los trabajadores tiene implicaciones directas sobre la estructura de costos de largo plazo. El litigio que hoy enfrenta Herdez lleva más de una década. Ha pasado por distintas instancias, amparos y laudos, y ahora se inserta en un terreno más delicado. De confirmarse la tesis de los afectados —que la vía penal se utiliza para revertir o presionar una resolución laboral firme— el caso no sólo impactaría a las partes involucradas, sino que enviaría una señal al resto de la plantilla y a la industria.

No es la primera vez que Herdez enfrenta cuestionamientos públicos, aunque en ámbitos distintos. Organizaciones ambientales han señalado en el pasado falta de transparencia en su cadena de suministro. Esos episodios no escalaron a crisis financiera, pero sí evidenciaron que, en empresas de consumo masivo, la reputación es un activo frágil. Hoy el riesgo es mayor, porque el tema toca directamente la relación con sus trabajadores y el funcionamiento del sistema de justicia.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en el centro de sus políticas económicas la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de derechos de los trabajadores. En ese entorno, un caso como el de Herdez puede convertirse en referencia obligada.

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