Impuestos ambientales: solo 18 estados de México los aplican

Solo 18 entidades mexicanas cuentan con impuestos ecológicos, mientras organizaciones proponen fortalecer estos gravámenes para recaudar recursos y financiar acciones contra el cambio climático.

En México, solo 18 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos un impuesto ecológico, una situación que organizaciones civiles buscan cambiar para fortalecer las finanzas públicas y generar recursos destinados a enfrentar los efectos del cambio climático.

De acuerdo con información publicada por Expansión Política, los estados que cuentan con estos gravámenes proyectan recaudar alrededor de 3,600 millones de pesos durante 2026, cifra equivalente a apenas 0.1% de sus ingresos totales. 

La propuesta de fortalecer la fiscalidad ambiental es impulsada por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México) y la Alianza por la Justicia Fiscal, que plantean revisar los impuestos existentes, mejorar su diseño y vincular la recaudación con resultados ambientales medibles.

Estados dependen de transferencias federales

Uno de los argumentos para ampliar estos instrumentos es la dependencia financiera de los gobiernos estatales. Según los datos citados en el reporte, 81.7% de los ingresos estatales proviene de transferencias federales, lo que limita los recursos propios disponibles para atender necesidades locales.

A esta situación se suma el impacto económico de los fenómenos naturales. En 2023, los daños y pérdidas asociados con estos eventos alcanzaron 88,910 millones de pesos, equivalentes a 0.3% del producto interno bruto (PIB).

Saúl Pereyra, de WRI México, y Sofía Appl Scorza, de la Alianza por la Justicia Fiscal, consideran que una política climática efectiva requiere cambios en la estructura fiscal de los gobiernos nacionales, estatales y municipales.

¿Qué impuestos ecológicos existen en México?

Los impuestos ambientales que aplican algunas entidades se concentran en cuatro áreas: emisiones de carbono, extracción de materiales, descargas de contaminantes al agua, suelo y subsuelo, y almacenamiento de residuos.

Sin embargo, las organizaciones advierten que las cuotas actuales no siempre reflejan el costo real de la contaminación. Cuando los gravámenes son demasiado bajos, las empresas pueden incorporarlos a sus gastos sin modificar sus procesos productivos.

Por ello, proponen revisar las tasas, las actividades sujetas a cobro y los mecanismos de supervisión para incentivar una reducción efectiva de las emisiones y otros daños ambientales. 

Proponen una tenencia vehicular con criterios ambientales

Una de las propuestas planteadas por la Alianza por la Justicia Fiscal y WRI México consiste en explorar una tenencia vehicular con criterios ambientales.

De acuerdo con las estimaciones citadas por las organizaciones, incorporar este componente en las 32 entidades federativas podría generar entre 90,000 y 99,000 millones de pesos.

La propuesta contempla revisar el impuesto para que considere criterios ambientales y de progresividad, de manera que los vehículos de mayor valor contribuyan más. No se trata de una medida aprobada a nivel nacional, sino de una alternativa planteada para su análisis.

Desde 2012, la facultad de diseñar, aplicar y recaudar el impuesto sobre tenencia vehicular corresponde a los estados, por lo que su funcionamiento varía entre entidades. 

También plantean impuestos al carbono y a actividades contaminantes

La agenda de las organizaciones incluye revisar el impuesto al carbono, analizar gravámenes vinculados con jets y yates privados y explorar instrumentos fiscales relacionados con la movilidad limpia.

También consideran alternativas municipales, como el predial verde y otros mecanismos relacionados con el saneamiento ambiental. Su viabilidad dependería de las atribuciones legales, las condiciones financieras y las capacidades técnicas de cada gobierno local.

En septiembre de 2026, WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal presentaron una hoja de ruta conjunta que contempla generar evidencia técnica, fortalecer las capacidades de los gobiernos, ofrecer asistencia para implementar medidas y promover el diálogo entre autoridades y sociedad. 

Transparencia, un reto para los impuestos verdes

Además de incrementar la recaudación, las organizaciones plantean que los gobiernos expliquen cómo se utilizan los recursos y qué resultados ambientales se obtienen.

La propuesta incluye mejorar la rendición de cuentas, medir el efecto de los gravámenes y coordinar a las autoridades fiscales y ambientales para evaluar si las tasas realmente desincentivan las actividades contaminantes.

El objetivo es que los impuestos verdes no se limiten a generar ingresos, sino que también contribuyan a reducir los daños ambientales y financiar acciones climáticas.

Las organizaciones consideran que las elecciones estatales de 2027 pueden abrir un espacio para discutir estas medidas e incorporar compromisos de fiscalidad ambiental en las agendas de los gobiernos locales. 

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