Incertidumbre jurídica aleja inversiones y golpea a la región Centro: empresario

La falta de certeza jurídica, las recientes decisiones del Gobierno federal y el trato a grandes empresarios han generado desconfianza entre inversionistas extranjeros, lo que frenó la llegada de proyectos de nearshoring.

El empresario local Carlos Elizondo advirtió que el clima político y económico que se ha consolidado en México durante los últimos años, reforzado recientemente con la reforma judicial y decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha incrementado la incertidumbre jurídica, provocando que importantes inversiones extranjeras opten por redirigir sus proyectos hacia otros países.

Señaló que esta falta de certeza fue determinante para que diversas empresas de nearshoring, que contemplaban instalarse en la región Centro y generar un auge de desarrollo y empleo, finalmente desistieran de hacerlo, afectando de manera directa a la economía local.

Percepción negativa entre inversionistas

Elizondo explicó que los inversionistas extranjeros observan con atención la manera en que el Gobierno federal se relaciona con el sector empresarial mexicano, y casos como Altos Hornos de México (AHMSA) y el más reciente conflicto con Grupo Salinas refuerzan la percepción de un entorno poco confiable para el capital privado.“Si así tratan a los empresarios mexicanos, es lógico que los extranjeros mejor cambien su rumbo”, expresó, al señalar que la política actual genera más dudas que certidumbre para quienes buscan invertir a largo plazo.

Caso Salinas y aplicación desigual de la ley

El empresario recordó el caso de Ricardo Salinas Pliego, al explicar que la compra de Mexicana de Aviación se realizó bajo un marco legal que permitía la consolidación fiscal de pérdidas, por lo que, dijo, cualquier reclamo posterior debe analizarse conforme a la ley vigente en ese momento y no bajo criterios políticos o personales.“El problema es cuando la ley deja de ser pareja. Si alguien debe, que pague, pero conforme a la ley que aplicaba en ese entonces, no por un pleito o un coraje político”, afirmó.

AHMSA: castigo al empresario, daño a la sociedad

En el ámbito local, Elizondo consideró que, si bien puede haber fundamentos legales para proceder contra Alonso Ancira, el Gobierno federal debió enfocar sus acciones directamente contra el empresario y no poner en riesgo a toda la región al permitir el colapso de AHMSA.

Subrayó que la consecuencia fue la pérdida de más de 20 mil fuentes de empleo, dejando a miles de familias sin sustento y a la Región Centro sumida en una crisis económica que ya se extiende por casi tres años.

Falta de protección al empleo

“El pleito era con él, no con las familias. Que lo castigaran, que le cobraran, pero no cerraran la planta”, sostuvo, al lamentar que no se haya priorizado la protección del empleo y la estabilidad económica regional.

Agregó que la falta de acciones oportunas para asegurar la operación de la empresa provocó un daño social profundo, cuyos efectos, dijo, tardarán años en revertirse, aun con una eventual reactivación industrial.

Impacto a largo plazo en la economía regional

Elizondo afirmó que la región Centro y la Carbonífera enfrentarán un proceso largo y complejo para recuperar el dinamismo económico que tenían antes del cierre de AHMSA, advirtiendo que decisiones gubernamentales sin una visión integral pueden generar consecuencias irreversibles.“Al gobierno le faltó capacidad para juzgar el impacto real de sus decisiones. Hoy pagamos todos el costo de haber dejado en el abandono a más de 20 mil familias”, concluyó.

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