Los estados se apresuran a averiguar cómo hacer cumplir los requisitos laborales de Medicaid del presidente Trump

Las autoridades estatales aún no tienen claro cómo aplicar el requisito que obligará a muchos adultos inscritos en Medicaid a demostrar que trabajan, incluso cuando uno de los estados inicia su programa esta misma semana.

Para abordar esta exigencia, están probando distintos métodos, incluyendo en algunos casos el uso de inteligencia artificial.

Una encuesta realizada por KFF a responsables de Medicaid en 42 estados y en Washington D.C. revela los principales retos políticos que enfrentan conforme se acerca la fecha límite del 1 de enero de 2027. Entre las dudas más importantes están qué condiciones médicas permitirán exenciones y cómo automatizar la verificación del cumplimiento.

Aunque se espera que las directrices federales se publiquen hasta junio, algunos estados ya están definiendo por su cuenta qué significa “fragilidad médica”, categoría que permitiría a ciertos beneficiarios evitar el requisito laboral según la ley impulsada por republicanos en el Congreso.

Esta legislación, considerada uno de los logros más relevantes del expresidente Donald Trump, modifica Medicaid en más de 40 estados que ampliaron el programa para cubrir a adultos de bajos ingresos sin hijos y sin seguro laboral.

Si bien la mayoría de los adultos en Medicaid ya trabajan, estudian, tienen alguna discapacidad o cuidan a otros, varios republicanos sostienen que quienes no lo hacen consumen recursos que deberían destinarse a grupos más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Gracias a la expansión derivada de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, cerca de 20 millones de personas accedieron a Medicaid, una política que muchos republicanos continúan rechazando.

Las nuevas reglas exigen que los beneficiarios trabajen, estudien al menos medio tiempo o participen en actividades como servicio comunitario durante un mínimo de 80 horas mensuales. Este cambio podría modificar quiénes califican para el programa, incluso entre quienes ya están inscritos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esta medida reducirá el gasto federal en Medicaid en unos 326 mil millones de dólares en una década, pero también prevé que 4.8 millones de personas adicionales quedarán sin seguro para 2034.

Según Amaya Diana, analista de políticas en KFF, muchos estados están operando con plazos muy ajustados y deben tomar decisiones importantes con menos de un año antes de la implementación.

La ley contempla exenciones temporales para personas que enfrenten dificultades como desastres naturales, vivir en zonas con alto desempleo, hospitalización o necesidad de viajar por atención médica.

En total, 28 estados y Washington D.C. ofrecerán estas exenciones, aunque algunos no adoptarán todas las opciones permitidas, y otros, como Iowa e Indiana, no planean implementar ninguna.

Otra vía de exención es ser considerado “médicamente frágil”, pero el gobierno federal aún no ha establecido criterios claros para definir esta condición ni cómo evaluarla.

Hasta marzo, 21 estados no habían definido este concepto. Nebraska, que ya puso en marcha su requisito laboral, publicó recientemente una extensa lista de condiciones de salud que podrían calificar para la exención.

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