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Muestra regidor del PT absoluto desconocimiento al presentar propuesta inviable, populista y fuera de la ley

Finanzas
Redacción
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Muestra regidor del PT absoluto desconocimiento al presentar propuesta inviable, populista y fuera de la ley

La propuesta presentada en Cabildo por el regidor Jesús Alonso Z´Cruz de la Garza para reducir a 50 pesos, de manera temporal, el costo del engomado ecológico vehicular, fue rechazada por mayoría al confirmarse que no puede aplicarse legalmente.

Aunque fue planteada como un supuesto apoyo para la ciudadanía, la realidad es que la tarifa de este servicio ya está establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2026, la cual señala en su Artículo 17, dentro de la Sección VII de los Servicios de Tránsito, que:

“La tarifa correspondiente a los servicios de revisión mecánica por vehículo será de $233.00 por vehículo de manera anual.”

Esto significa que dicho cobro no puede ser reducido por acuerdo de Cabildo ni por ocurrencias individuales, ya que forma parte de los ingresos municipales aprobados legalmente para el presente ejercicio fiscal. Prometer bajarlo, simple y sencillamente, no es posible dentro del marco de la ley.

Aunado a ello, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece en su Artículo 34 que:

“Los regidores […] en lo individual no tienen facultades decisorias pues éstas corresponden al Ayuntamiento sesionando colegiadamente como Cabildo.”Es decir, ningún regidor puede proponer medidas que impacten directamente en contribuciones municipales sin el sustento legal correspondiente.

Más aún, el mismo ordenamiento señala en su Artículo 103 que está prohibido a los Ayuntamientos:

• Imponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipales.• Condonar pagos de contribuciones.• Excederse en sus erogaciones a las cantidades autorizadas en los presupuestos de egresos anuales.

En términos prácticos, reducir el costo del engomado ecológico implicaría condonar parcialmente un derecho municipal ya establecido por ley, lo cual está expresamente prohibido.

Especialistas en materia administrativa advierten que este tipo de planteamientos suelen presentarse sin el mínimo análisis jurídico, ya que generan expectativas que no pueden cumplirse en la práctica. En pocas palabras: prometer bajar un cobro fijado por ley es una medida inviable que no puede hacerse realidad.

La situación ha encendido alertas debido a que iniciativas de este tipo, más allá de ofrecer soluciones reales, responden a estrategias claramente populistas que buscan posicionamiento personal, llevando agua a su molino en el terreno mediático a costa de generar desinformación entre la ciudadanía.

Más preocupante aún resulta que se promuevan públicamente propuestas que evidencian un absoluto desconocimiento del marco legal que regula la hacienda pública municipal, especialmente cuando estas impactan directamente en contribuciones previamente establecidas por ley y que, por disposición normativa, simplemente no pueden modificarse por voluntad política ni por protagonismo en redes sociales.

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