ONU pide a México eliminar la prisión preventiva oficiosa
La ONU solicitó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras denunciar violaciones de derechos humanos y detenciones prolongadas de 22 mujeres en CEFERESO 16.
Ginebra, Suiza — El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer denunció que 22 mujeres detenidas en CEFERESO 16, en Coatlán del Río, Morelos, permanecieron en prisión preventiva oficiosa durante más de una década, en algunos casos hasta 15 años, sin revisiones judiciales adecuadas y con falta de atención médica y acceso a sus familias.
Detención prolongada y efectos desproporcionados
Erika Schläppi, miembro del comité, afirmó que las internas “permanecieron en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas más de 15 años” sin que las autoridades revisaran las medidas de detención. Según el organismo, los efectos de la prisión preventiva son desproporcionados para las mujeres, en especial en cuanto al acceso a sus familiares.
El comité reportó que más de la mitad de las mujeres detenidas a nivel federal en México lo son en régimen de prisión preventiva oficiosa, frente a un 41% de los hombres. Esto genera dificultades adicionales en salud, atención médica y contacto con sus familias.
Casos emblemáticos y falta de atención médica
Entre los casos documentados, Patricia Melo Tapia falleció en 2020 tras nueve años de prisión preventiva sin recibir tratamiento médico adecuado ni facilidades para que su hija la visitara. El comité denunció que CEFERESO 16 carece de personal médico permanente, incluidos especialistas como ginecólogos, y que muchas internas no reciben visitas debido a la distancia y falta de recursos económicos.
Solo en 2023, 12 mujeres se suicidaron en esa prisión, situación que llevó a la CNDH a emitir recomendaciones sobre la falta de medidas sanitarias y de atención psicológica para las internas.
Recomendaciones del comité
El comité exhorta al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa, garantizar acceso a la salud y asegurar que las medidas de detención no sean prolongadas injustificadamente, protegiendo así los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.
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