Pide justicia Carolina; viuda de minero del Pozo el Pinabete

Desde el año 2022 la autoridad federal inició una carpeta de investigación contra un solo detenido, Cristian 'N' actualmente preso, sin recibir sentencia, viudas se muestran preocupadas.

Acasi cuatro años de la tragedia registrada en el Pozo Carbonero El Pinabete, familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia. Carolina Álvarez Oviedo, viuda del minero Jorge Luis Martínez, aseguró que las familias afectadas no se rendirán en su lucha para que se determinen responsabilidades y se haga justicia por el accidente ocurrido el 3 de agosto de 2020.

La mujer señaló que, aunque el proceso legal ha sido largo y ha generado un profundo sentimiento de frustración entre los familiares, mantienen firme su determinación de continuar alzando la voz hasta que el caso sea judicializado y se emita una resolución que permita cerrar este doloroso capítulo para las familias de los trabajadores fallecidos. Álvarez Oviedo explicó que actualmente son tres las viudas que continúan activamente con el proceso legal y que siguen trabajando de manera conjunta con su representación legal para avanzar en el procedimiento judicial.

Exigen judicialización del caso

Carolina Álvarez destacó que uno de los principales objetivos de las familias es que la investigación avance hacia la judicialización del caso, ya que consideran que existen elementos suficientes para determinar responsabilidades. De acuerdo con su versión, dentro de la carpeta de investigación aún faltarían personas por ser incluidas, lo que representaría una omisión dentro del proceso que se sigue por parte de las autoridades. La viuda del minero señaló que esta situación ha retrasado el avance del caso y ha prolongado la incertidumbre para las familias, quienes han esperado durante años una resolución definitiva. “Existe un sentimiento de injusticia, pero no nos vamos a rendir”, expresó, al reiterar que continuarán con las gestiones necesarias para que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades. Las familias consideran que el acceso a la justicia es fundamental para poder encontrar tranquilidad tras la tragedia que marcó a la comunidad minera de la región.

Proceso legal aún sin sentencia

Dentro de las investigaciones relacionadas con este caso, se informó que Cristian “N”, señalado como uno de los responsables, permanece detenido desde el año 2022 en un penal federal en algún punto del país.Sin embargo, a pesar de su detención, el proceso judicial aún no ha concluido y hasta el momento no se ha emitido una sentencia en relación con los hechos.Esta situación ha generado inconformidad entre los familiares de los mineros fallecidos, quienes consideran que el proceso ha sido lento y que es necesario que las autoridades federales den mayor celeridad a la investigación.Las familias han insistido en que se analicen todos los elementos dentro de la carpeta de investigación y se determinen responsabilidades de manera clara, conforme a la ley.

Abogado de víctimas continúa gestiones ante la FGR

Por su parte, Héctor Rico, abogado que representa a las víctimas, informó que este miércoles acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar un trámite relacionado con la carpeta de investigación del caso.El litigante explicó que la intención es dar seguimiento a los procedimientos pendientes y buscar que el expediente pueda avanzar hacia su conclusión.Rico indicó que esperan que en las próximas etapas del proceso se puedan definir las acciones necesarias para que el caso avance dentro del sistema judicial y se establezcan responsabilidades.Por su parte, Carolina Álvarez, asegura que mientras tanto, las familias continúan con su lucha legal, convencidas de que la memoria de los mineros que perdieron la vida en el Pozo Carbonero El Pinabete merece justicia.Afirmó que la tragedia ocurrida en esa mina marcó profundamente a la región Carbonífera de Coahuila y dejó una huella de dolor en las familias de los trabajadores, quienes mantienen viva la exigencia de que el caso no quede impune y que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar justicia.

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