Piden sanciones penales para proteger a maestros en Coahuila

Colegios particulares solicitan cambios legales tras agresión que provocó la muerte de una subdirectora en el ejido La Unión.

Saltillo, Coahuila, 1 de octubre de 2026.- Tras la agresión que causó la muerte de la subdirectora de la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión, representantes de colegios y padres de familia plantearon la necesidad de fortalecer la protección legal de docentes y personal administrativo en Coahuila, con sanciones penales para casos de difamación y agresión vinculados con su labor.

El presidente de la Asociación de Colegios Particulares de la Región Sureste de Coahuila, Ricardo Berlanga Santos, planteó que el estado debe revisar su marco legal y tomar como referencia las modificaciones que, según expuso, ya existen en Yucatán, Guerrero y Aguascalientes.

Como ejemplo, citó el Código Penal de Guerrero donde las agresiones contra docentes por el desempeño de sus funciones pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.

La propuesta surge tras el hecho ocurrido este jueves en el ejido La Unión, donde perdió la vida la subdirectora de un plantel escolar, en una agresión al interior de la institución educativa.

Berlanga Santos sostuvo que la Secretaría de Educación de Coahuila carece de facultades para imponer sanciones penales, por lo que consideró necesaria una coordinación con las instancias encargadas de procurar justicia.

El representante de los colegios particulares afirmó que ya existen reuniones con el área jurídica de la Secretaría de Educación de Coahuila para revisar mecanismos que permitan atender este tipo de conductas. El objetivo, precisó, es evitar que una agresión o una conducta que pueda constituir un delito quede sin una sanción.

Protección para docentes

La discusión también incluye la necesidad de reforzar la autoridad del personal docente dentro de las escuelas. Berlanga Santos explicó que en los colegios particulares existen talleres dirigidos a madres y padres de familia, con énfasis en el respeto hacia maestros y personal administrativo.

“El tema es cómo hacer esa vinculación con las autoridades judiciales para que los alumnos que cometen un delito como una difamación o una agresión esta no queden en el aire”, expuso.

El presidente de la asociación sostuvo que las diferencias entre padres, alumnos y maestros deben tener canales de atención antes de llegar a amenazas o agresiones.

En ese sentido, planteó que las instituciones educativas requieren mecanismos claros para atender los conflictos y, cuando exista un posible delito, recurrir a las autoridades correspondientes.

También planteó la posibilidad de establecer mecanismos de responsabilidad para los padres de familia cuando las conductas de sus hijos deriven en hechos que requieran una denuncia penal.

Se deben prevenir nuevas agresiones

Por su parte, Rodolfo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, afirmó que los directivos y docentes enfrentan una mayor presión ante las quejas de padres de familia.

Expuso que esta situación puede generar reservas entre los responsables de las escuelas para intervenir ante determinadas conductas de los estudiantes.

“Por todo se quejan, por todo demandan, por todo van a los derechos humanos, de tal suerte que los directores ya dicen: ¿para qué me meto en enredos?”, mencionó.

Silva también abordó el uso de redes sociales y advirtió sobre los efectos que pueden tener cuando se utilizan para difundir señalamientos contra integrantes de las comunidades escolares. Su planteamiento se sumó al llamado a establecer límites y vías institucionales para resolver conflictos entre familias y escuelas.

En tanto, Francisco Javier Mancillas González, presidente de la Asociación de Padres de Familia, expresó sus condolencias por la muerte de la subdirectora y pidió que las autoridades apliquen la ley a los responsables del hecho ocurrido en La Unión.

Mancillas González llamó a las familias a supervisar las actividades de sus hijos y el uso de sus redes sociales, además de fortalecer la comunicación dentro del hogar.

También planteó la necesidad de atender factores que puedan afectar la salud mental de estudiantes y prevenir situaciones que deriven en hechos violentos.

Atención psicológica y cultura de paz

El representante de los padres de familia también planteó fortalecer la figura de autoridad del maestro y ampliar la atención psicológica tanto para docentes como para alumnos.

“Todas estas situaciones que afectan su salud mental pueden derivar en hechos lamentables como lo ocurrido hoy”.

La Asociación de Padres de Familia expresó su disposición para ofrecer orientación jurídica y psicológica virtual a padres y docentes a través de su portal de internet que también contempla cursos y talleres relacionados con la formación de padres, cultura de paz y prevención de adicciones.

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