Plantean 3 años de prisión por robo de dispositivos electrónicos
Iniciativa busca aumentar penas ante el riesgo de hacer mal uso de los datos personales y financieros.
Saltillo, Coahuila, 10 de abril de 2026.- El robo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos podría alcanzar penas de hasta tres años de prisión en Coahuila, tras una iniciativa de reforma al Código Penal que busca reconocer el riesgo que implica el acceso a datos personales y financieros de las víctimas.
El diputado Alberto Hurtado Vera presentó la propuesta para modificar el Artículo 284 del Código Penal, con el objetivo de que el robo de dispositivos electrónicos sea considerado un delito grave.
La reforma plantea elevar la sanción de uno a tres años de prisión y diferenciar de los robos de otros artículos ya que los dispositivos elecrtónicos concentran información sensible.
La iniciativa establece que el robo de aparatos como teléfonos móviles, computadoras, tabletas, relojes inteligentes, discos duros y memorias USB.
implica un riesgo adicional al contener datos personales, credenciales de acceso y archivos privados. Este tipo de delitos, según el planteamiento, no solo genera afectaciones económicas.
Riesgo a datos personales y delitos asociados
El documento advierte que la sustracción de estos dispositivos facilita el acceso no autorizado a información como contactos, conversaciones, fotografías, documentos y credenciales digitales.
Esta situación abre la puerta a delitos como suplantación de identidad, fraude y extorsión.
“Su sustracción no solo implica una afectación patrimonial, sino también un riesgo para la seguridad de las víctimas por el uso indebido de su información”, señaló Alberto Hurtado Vera.
De acuerdo con la propuesta, el marco normativo actual en Coahuila no distingue este tipo de robo de otros bienes muebles, lo que limita la respuesta legal frente a delitos que involucran tecnología y datos personales.
Actualización del marco legal
La iniciativa plantea reconocer las nuevas formas de afectación derivadas del uso cotidiano de tecnología, donde los dispositivos electrónicos funcionan como una extensión de la vida personal.
La reforma busca fortalecer la legislación estatal ante el avance de las dinámicas delictivas vinculadas al uso de tecnología, con el fin de proteger tanto el patrimonio como la información personal de la población.
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