Por qué en Colombia piden tus datos para todo y qué riesgos tiene

La vigilancia sobre los datos no es exclusiva de expertos, sino una responsabilidad ciudadana que comienza al preguntar y poner límites cada vez que compartimos información.

En América Latina, la digitalización acelerada ha transformado la rutina de millones de personas, pero sin que se haya consolidado una cultura real de protección de datos personales. Según Fabián A. Gamba Sánchez, líder del Observatorio de Humanismo Digital de la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) en Colombia, esta normalización de la entrega de información erosiona tanto la privacidad como la autonomía individual: “Seguimos entregando información como quien paga un peaje para estudiar, comprar o registrarse”.

El especialista advierte que los $5.157 millones en multas aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en 2025 por violaciones al régimen de datos personales no solo representan un número estadístico, sino la evidencia de la aceptación social de prácticas riesgosas. En este contexto, Colombia digitalizó sus rutinas más rápido de lo que aprendió a establecer barreras, generando una pérdida de privacidad y, con ello, de dignidad y autogobierno.

Gamba Sánchez enfatiza que el desafío no reside únicamente en los mecanismos tecnológicos, sino en los efectos sobre el individuo cuando acepta la exposición constante como condición para acceder a educación, empleo o consumo. “El problema no es cómo se usan las herramientas digitales, sino que las personas aprenden que conectarse implica exponerse”, explica. La entrega de datos como teléfono, correo, identificación o biometría se normaliza, debilitando la capacidad de cuestionar o limitar su circulación.

Para el experto, la privacidad constituye un fundamento de la dignidad y no un privilegio. Amparado en la Constitución colombiana y la Ley 1581 de 2012, recuerda que los ciudadanos tienen derechos a consulta, rectificación, revocatoria de autorizaciones y supresión de datos, y que su ejercicio no depende de “tener algo que ocultar”. La entrega irreflexiva de información erosiona la autonomía porque los datos no solo describen, sino que también clasifican, construyen reputaciones y jerarquías sociales. Cuando terceros deciden qué saben de cada persona, cuánto tiempo lo conservan y con quién lo comparten, el control sobre la propia vida disminuye.

Ejercer los derechos sobre datos personales requiere acciones concretas de ciudadanía. Gamba Sánchez señala que no se necesita ser experto en derecho, pero sí adoptar una actitud activa: preguntar qué datos se piden, para qué, durante cuánto tiempo se almacenarán y exigir políticas claras de tratamiento. Los ejemplos cotidianos abundan: estudiantes que ven sus datos circulando en grupos de WhatsApp o empleados cuya información sensible se solicita sin justificación proporcional.

El avance de la inteligencia artificial aumenta la urgencia del tema. Ya no se trata solo de almacenar información, sino de producir inferencias y construir perfiles algorítmicos que pueden reducir a las personas a puntajes o categorías automatizadas.

En conclusión, el dato personal “no es un peaje para entrar al mundo digital”, sino “parte de la persona”. Su gestión requiere límites claros y vigilancia constante. La conciencia sobre qué información se entrega y la exigencia de políticas transparentes son esenciales no solo en Colombia, sino en toda América Latina y España, frente a entornos digitales cada vez más intrusivos que ponen a prueba la autonomía y la dignidad de los individuos.

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