Postura institucional ante la polémica nacional en el Senado
Sisbeles señaló que la discusión pública ha dejado en evidencia que existe un límite institucional que no debe rebasarse.
La controversia política que se vive a nivel nacional fue abordada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro Desierto de Coahuila, Sergio Sisbeles, quien expuso una visión crítica sobre los recientes señalamientos que involucran a figuras del ámbito federal y el debate generado entre el Senado y la Presidencia de la República.
Estado de derecho como límite institucional
Sisbeles señaló que la discusión pública ha dejado en evidencia que existe un límite institucional que no debe rebasarse, al sostener que México es un Estado de derecho donde ninguna persona puede colocarse por encima de la norma jurídica. En este contexto, consideró que los hechos que rodean a Adán Augusto reflejan tensiones que obligan a revisar la congruencia entre discurso político y legalidad.
Presiones internacionales y consecuencias políticas
El funcionario expuso que la presión ejercida desde Estados Unidos hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación con señalamientos sobre presuntos vínculos de actores políticos con estructuras delictivas, ha detonado un escenario complejo. A su juicio, la aparición de perfiles como el de Adán Augusto resulta lamentable por las implicaciones que genera en materia de seguridad pública y credibilidad institucional.
Poder legislativo bajo escrutinio público
Sergio Sisbeles manifestó que la situación alcanza al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Senadores, donde se han encendido alertas por la operación de intereses que afectan la soberanía nacional. Indicó que este momento marca un punto crítico que exige coherencia en el ejercicio del poder y claridad en las responsabilidades públicas.
Fiscalía y exigencia ciudadana de legalidad
El subsecretario se refirió a las declaraciones presidenciales en las que se afirma que no existe denuncia formal ni investigación en curso, al tiempo que expresó preocupación por la opacidad y la percepción de parcialidad en instituciones como la Fiscalía General de la República. Enfatizó que las voces ciudadanas demandan que se privilegie el Estado de derecho y que, ante pruebas existentes, se actúe conforme a la ley para que se determinen las consecuencias jurídicas correspondientes.
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