Qué cambia y qué incorpora el nuevo proyecto para las pensiones por invalidez

El Ministerio de Salud de la Nación señaló que el proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez no se limita a un ajuste específico, sino que busca solucionar fallas estructurales derivadas de la Ley 27.793.

La propuesta introduce cambios en los requisitos de acceso, los mecanismos de control, el financiamiento y la administración del sistema a nivel nacional.

Modificaciones en los criterios de acceso La iniciativa elimina la dualidad existente entre pensiones por invalidez laboral y por discapacidad. Según las autoridades, esta distinción generó confusión al ampliar el beneficio a personas que no necesariamente estaban impedidas de trabajar.

El nuevo esquema plantea unificar el criterio y dirigir la pensión exclusivamente a quienes no puedan insertarse en el mercado laboral y además se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, tener una discapacidad ya no será suficiente por sí sola: también se deberá comprobar la imposibilidad de trabajar y la falta de ingresos.

Asimismo, se prevén revisiones periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos.

Controles más estrictos y reempadronamiento El proyecto incorpora nuevos sistemas de fiscalización, como auditorías regulares y cruces de información entre organismos públicos.

Además, todos los beneficiarios actuales deberán someterse a un reempadronamiento obligatorio, en el que tendrán que acreditar nuevamente su condición médica, laboral y socioeconómica. Si no completan este proceso, la pensión será suspendida automáticamente. También se contempla la posibilidad de suspensiones preventivas ante inconsistencias, garantizando el derecho a revisión.

Financiamiento y aranceles La propuesta establece partidas presupuestarias específicas para asegurar la sostenibilidad del sistema y asigna al Ministerio de Salud la responsabilidad principal, con apoyo del Tesoro Nacional si fuera necesario.

En cuanto a los aranceles, el nomenclador dejará de fijar montos exactos y pasará a definir valores mínimos. Los precios serán determinados mediante acuerdos entre financiadores (como obras sociales o prepagas) y prestadores, tomando en cuenta factores como costos, complejidad, ubicación geográfica y estándares de calidad.

Cuando el Estado sea responsable del financiamiento, la Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de fijar los aranceles, con actualizaciones trimestrales.

Descentralización del sistema Finalmente, el proyecto propone avanzar hacia un modelo más federal, permitiendo que las provincias gestionen las pensiones mediante convenios y reciban recursos según sus competencias. Esto implica dejar atrás el esquema centralizado y avanzar hacia una administración coordinada entre Nación y jurisdicciones locales.

En conjunto, la reforma busca establecer un marco permanente para la gestión de las pensiones por invalidez, reemplazando el modelo de emergencia vigente hasta ahora.

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