Rocha Moya niega vínculos con el Cártel de Sinaloa y acusa ataque contra la 4T
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó acusaciones de vínculos con el narcotráfico hechas en Estados Unidos y afirmó ataque político contra la 4T.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones emitidas en Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado y aseguró que se trata de un ataque político dirigido contra la llamada Cuarta Transformación. Las declaraciones surgen tras la difusión de una acusación presentada por autoridades estadounidenses que involucra a funcionarios y exfuncionarios del estado.
Rechazo de acusaciones
El mandatario estatal afirmó que las imputaciones carecen de fundamento. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra”, señaló Rocha Moya, al referirse a la acusación atribuida a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Aseguró que las señalamientos forman parte de una estrategia política que busca afectar la soberanía nacional y a la Cuarta Transformación.
Acusación en Estados Unidos
De acuerdo con la información difundida por autoridades estadounidenses, el gobernador de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, fue acusado por presuntos delitos de tráfico de drogas, asociación delictuosa y delitos relacionados con armas.
Las autoridades de Estados Unidos, incluyendo la DEA, señalaron que la investigación apunta a una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Además, el fiscal estadounidense Jay Clayton afirmó que el cártel ha operado durante años con apoyo de estructuras corruptas dentro de gobiernos locales.
Señalamientos contra funcionarios
Entre los nombres incluidos en la acusación también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.
Asimismo, aparecen exfuncionarios de seguridad y justicia estatal como Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y otros exmandos policiales.
Implicaciones legales
Las autoridades estadounidenses advirtieron que, en caso de enfrentar juicio en ese país, los implicados podrían recibir penas que incluyen cadena perpetua o sentencias mínimas de hasta 40 años de prisión, dependiendo del desarrollo del proceso judicial.
La investigación también sostiene que algunos de los señalados habrían mantenido reuniones y acuerdos con integrantes de la estructura criminal antes y después de ocupar cargos públicos.
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