SCJN avala pensiones a juzgadores de Chihuahua destituidos
La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de pensiones anticipadas para juzgadores de Chihuahua, mientras la ministra Lenia Batres criticó el posible “trato privilegiado”.
Ciudad de México (09/03/2026) – La SCJN resolvió que las pensiones e indemnizaciones anticipadas a juzgadores de Chihuahua son constitucionales tras la reforma judicial federal de 2024.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las pensiones y compensaciones anticipadas para juzgadores del Estado de Chihuahua destituidos por la reciente elección judicial son constitucionales.
El Pleno consideró que estas medidas transitorias son razonables, vinculadas directamente a la reforma constitucional federal de 2024 en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), la cual instruye respetar los derechos laborales de las personas juzgadoras.
El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, establece que estas disposiciones no crean privilegios ni violan el principio de igualdad frente a otros trabajadores sujetos a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
Según el ministro ponente, las pensiones anticipadas buscan proteger a quienes dejaron su cargo de manera extraordinaria, evitando un estado de indefensión laboral y garantizando la seguridad social de los afectados.
Crítica de Lenia Batres
La ministra Lenia Batres Guadarrama, conocida como la “ministra del Pueblo”, votó en contra, argumentando que se trata de un trato diferenciado privilegiado, sin justificación para quienes tienen menos de diez años de servicio.
Batres afirmó: “Todo beneficio determinado de forma restringida no es un derecho, sino un privilegio. La función de esta Suprema Corte es garantizar que los derechos sociales se desarrollen progresivamente para todas las personas”.
Financiamiento y alcance
La SCJN precisó que los recursos para estas compensaciones provienen de presupuestos ya contemplados, protegiendo la estabilidad económica de los juzgadores y asegurando un uso responsable del dinero público. La medida aplica únicamente a la primera elección de jueces por voto popular en Chihuahua.
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