Semana laboral de 40 horas será una realidad en México
El gobierno federal confirmó que la semana laboral de 40 horas será una realidad en México, con aplicación gradual y sin reducción salarial.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, anunció el 2 de marzo de 2026 en Palacio Nacional que la semana laboral de 40 horas fue aprobada por el Congreso y se implementará de manera gradual hasta 2030, garantizando dos días de descanso sin reducción de salario ni prestaciones.
Aprobación de la jornada laboral de 40 horas
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó que la reducción de la jornada laboral “ya va a ser una realidad”, al formar parte del compromiso número 60 del Ejecutivo federal.
Bolaños explicó que la aprobación será anunciada oficialmente y que el esquema contempla una disminución gradual de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.
Sin reducción de salario ni prestaciones
El funcionario subrayó que la reforma no implicará disminución de salario, sueldos ni prestaciones laborales. Señaló que la medida busca reducir la fatiga, prevenir accidentes laborales y mejorar la salud y la seguridad en los centros de trabajo.“Se está acotando el tiempo extraordinario y defendiendo el ingreso de las personas trabajadoras”, indicó, al destacar que también se fortalecerá el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar.
Prohibición de horas extra a menores
Por primera vez, la reforma contempla la prohibición de horas extras para menores de edad, en sintonía con convenios internacionales en materia laboral. Además, se prevé la implementación de un registro electrónico para supervisar el cumplimiento de la jornada.
La presidenta Sheinbaum señaló que la iniciativa se logró por consenso y no por imposición, al tiempo que afirmó que México avanza en derechos laborales en comparación con otros países de América Latina.
Con la aprobación legislativa, la jornada laboral de 40 horas marca un cambio estructural en la política laboral del país, con aplicación progresiva y supervisión oficial.
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