Coahuila sanciona a más de 300 funcionarios tras 900 procedimientos
El CPC reporta sanciones administrativas y advierte que solo 18 de los 38 municipios cumplen con los requisitos de transparencia digital.
Más de 900 procedimientos administrativos han derivado en sanciones contra más de 300 funcionarios públicos en Coahuila durante 2026, de acuerdo con el balance presentado por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado, Juan Carlos Guzmán Escobedo, quien precisó que las consecuencias dependen de la gravedad de cada conducta y no siempre implican la existencia de un daño al erario.
El exrepresentante ciudadano explicó que las sanciones pueden consistir en amonestaciones verbales o por escrito, de acuerdo con la gravedad de cada falta.Sobre las destituciones, indicó que no tienen conocimiento de casos de este tipo entre las sanciones aplicadas y que tanto estas, como los recursos recuperados corresponden a información reservada, por lo que el CPC no cuenta con datos para analizar si son más o menos que en años anteriores.Guzmán Escobedo aclaró que las sanciones no implican necesariamente prisión ni la devolución de recursos públicos, pues cada caso depende de las características de la falta y de las determinaciones de las autoridades competentes.
Sanciones administrativas no siempre implican daño al erario
El expresidente del CPC explicó que parte de las observaciones administrativas corresponde a incumplimientos de forma y no necesariamente a irregularidades de fondo, aunque las autoridades deben corregirlos para ajustarse a las disposiciones aplicables. Esta distinción resulta relevante para comprender el alcance de los procedimientos administrativos, ya que una observación derivada de una auditoría no constituye por sí misma una prueba de corrupción ni demuestra de manera automática un perjuicio a los recursos públicos. Por ello, Guzmán Escobedo planteó la necesidad de distinguir entre las faltas administrativas, los incumplimientos normativos y las conductas que sí pueden constituir actos de corrupción, con el propósito de evitar conclusiones que no correspondan a los resultados de las investigaciones.
Solo 18 municipios de Coahuila cumplen con requisitos de transparencia
Además del balance de procedimientos y sanciones, Guzmán Escobedo puso de relieve los rezagos en materia de transparencia municipal, pues solo 18 de los 38 municipios de Coahuila cuentan con sitios web debidamente conformados y con los requerimientos necesarios para facilitar el acceso a la información pública.La cifra representa menos de la mitad de los ayuntamientos del estado, mientras que en los municipios restantes persisten deficiencias relacionadas con la publicación de documentos y la disponibilidad de información que las autoridades tienen la obligación de difundir.
El representante ciudadano explicó que algunos gobiernos municipales sí cuentan con páginas de internet, pero carecen de documentación completa o mantienen apartados con avisos que indican que el contenido está en construcción, lo que impide a los ciudadanos consultar determinados datos que deberían ser públicos.Estas deficiencias, expuso, limitan el acceso a información relacionada con el uso de recursos públicos, los contratos gubernamentales, las auditorías y otros documentos necesarios para que la población conozca las decisiones de sus autoridades y pueda ejercer vigilancia ciudadana.
Falta de presupuesto no elimina la obligación de transparentar
Entre las justificaciones de algunos ayuntamientos para explicar las deficiencias de sus plataformas digitales figuran la falta de infraestructura y las limitaciones presupuestales, factores que, de acuerdo con Guzmán Escobedo, no eliminan la obligación legal de publicar la información correspondiente. El exdirigente del Consejo sostuvo que los gobiernos municipales deben garantizar el acceso a los documentos públicos, pues la transparencia no depende únicamente de contar con un portal electrónico, sino también de que sus contenidos estén completos y disponibles para consulta.
Ante este panorama, el CPC elaboró una propuesta para su presentación ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de impulsar medidas que permitan mejorar la disponibilidad de información pública en los municipios.La iniciativa forma parte de los asuntos que el organismo identificó como pendientes al cierre de la gestión de Guzmán Escobedo, en un contexto en el que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia constituye una herramienta para revisar el ejercicio de los recursos y fortalecer la rendición de cuentas.
Proponen cláusulas anticorrupción para contratos públicos
Otro de los pendientes que dejó la gestión del expresidente del CPC fue una propuesta para incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos públicos, con el objetivo de establecer consecuencias cuando un funcionario o una empresa ofrezca dinero, compensaciones u otros beneficios para obtener condiciones favorables en una contratación gubernamental.La propuesta contempla la posibilidad de cancelar contratos y aplicar las sanciones correspondientes cuando se presenten este tipo de conductas, de acuerdo con los términos que establezcan las disposiciones aplicables y los instrumentos contractuales.
El planteamiento busca que los contratos públicos incluyan mecanismos específicos para hacer frente a los intentos de obtener ventajas indebidas, además de establecer consecuencias ante prácticas que comprometan la legalidad de los procesos de adquisición o contratación. Sin embargo, la información proporcionada por Guzmán Escobedo presenta esta medida como una propuesta pendiente, por lo que no implica que exista una disposición general ya aprobada o vigente para todos los contratos de las instituciones públicas de Coahuila.
El Consejo puede emitir recomendaciones no vinculantes
En cuanto a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, Guzmán Escobedo explicó que el organismo busca contribuir a la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la prevención de la corrupción dentro de las instituciones públicas.Entre sus herramientas se encuentran las sugerencias y la solicitud de recomendaciones no vinculantes cuando identifica casos de reincidencia, mecanismos que permiten plantear medidas correctivas, aunque las instituciones destinatarias pueden aceptarlas o rechazarlas.
“El Consejo únicamente puede realizar sugerencias o, como su nombre lo dice, aconsejar”, expresó el exrepresentante ciudadano al describir los alcances de la participación del organismo dentro del Sistema Anticorrupción. La falta de mecanismos coercitivos constituye, desde su perspectiva, uno de los asuntos pendientes del sistema, tanto en Coahuila como en el ámbito nacional, debido a que las recomendaciones del Consejo no obligan por sí mismas a las instituciones a adoptar las medidas propuestas.
Plantean reconocer buenas prácticas en el servicio público
Guzmán Escobedo también identificó la necesidad de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y del propio Consejo de Participación Ciudadana, con el propósito de facilitar la consulta de información y la vigilancia del desempeño gubernamental. Como parte de los asuntos pendientes, mencionó una propuesta para reconocer a funcionarios e instituciones que destaquen por sus acciones contra la corrupción, una medida orientada a dar visibilidad a las buenas prácticas dentro del servicio público. El planteamiento busca complementar las acciones de prevención con mecanismos de reconocimiento a las instituciones y los servidores públicos que cumplan con sus responsabilidades y promuevan mejores prácticas administrativas.
En su balance de cierre, el expresidente del CPC destacó la importancia de diferenciar las observaciones administrativas de los actos de corrupción y de mejorar el acceso a la información pública, dos aspectos que forman parte de los retos para fortalecer la rendición de cuentas en Coahuila.
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