Un juez frena el plan de Kennedy para reformar la política de vacunas en EU

Un juez federal decidió este lunes frenar parte de las modificaciones impulsadas por el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy, orientadas a cambiar la política de vacunación en el país, entre ellas una propuesta para disminuir el número de vacunas recomendadas en la infancia.

En su resolución, el juez de distrito Brian E. Murphy señaló que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de revisar profundamente el calendario de vacunación infantil no respetó los procedimientos legales establecidos, lo que, a su juicio, comprometió la validez del proceso.

Asimismo, indicó que organizaciones médicas que presentaron la demanda —como la Academia Estadounidense de Pediatría— se verían afectadas por estos cambios, ya que implicarían dedicar más tiempo a orientar a los pacientes sobre las nuevas recomendaciones.

Desde el Departamento de Salud (HHS), el portavoz Andrew Nixon expresó su desacuerdo con el fallo y manifestó la expectativa de que sea revertido, criticando además decisiones previas del mismo juez contra la administración.

El magistrado también determinó que la destitución de los 17 integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) y su reemplazo por nuevos miembros designados por Kennedy no cumplió con la legislación federal. Como consecuencia, la reunión que el comité tenía prevista fue pospuesta, ya que, según el juez, una comisión sin la mayoría de sus integrantes no puede funcionar adecuadamente.

Desde 1964, las políticas de vacunación en Estados Unidos han seguido un proceso en el que el ACIP —un panel independiente de expertos— analiza la evidencia científica sobre seguridad y eficacia de las vacunas y emite recomendaciones. Posteriormente, el director de los CDC considera estas sugerencias para definir las pautas oficiales, que también influyen en decisiones de cobertura por parte de aseguradoras y gobiernos estatales. Sin embargo, Kennedy realizó cambios en el calendario sin consultar a este comité, argumentando que su función es únicamente asesora.

El Gobierno también sostuvo que las recomendaciones de vacunación en EE. UU. eran más estrictas en comparación con otros países y que, por instrucción del presidente Donald Trump, se llevó a cabo una revisión que derivó en ajustes al calendario.

En su fallo, el juez reconoció que algunos de los nuevos integrantes del comité poseen experiencia en sus áreas, pero cuestionó que no todos cuentan con formación relevante en vacunas, señalando vacíos importantes en la composición del grupo.

Por su parte, Robert Malone, copresidente del ACIP, calificó la decisión judicial como una intervención excesiva, al considerar que interfiere en decisiones administrativas, políticas públicas y directrices del poder ejecutivo.

Otros grupos afines también criticaron el fallo, tildándolo de extralimitación judicial y cuestionando la falta de precedentes legales.

La demanda fue presentada por diversas organizaciones médicas, entre ellas la American Public Health Association y el American College of Physicians, luego de que Kennedy realizara modificaciones en las recomendaciones de vacunación —incluidas las del covid-19— sin la participación del ACIP.

En contraste, representantes de estas asociaciones celebraron la resolución. Richard Hughes, abogado de la Academia Estadounidense de Pediatría, destacó que el fallo subraya la importancia de que las decisiones en materia de vacunación se basen en evidencia científica sólida.

El presidente de la Academia, Andrew D. Racine, afirmó que las recomendaciones deben sustentarse en la ciencia para garantizar la confianza de las familias y la protección de los niños. También recomendó a los padres seguir las guías actuales y consultar con sus pediatras ante cualquier duda.

Finalmente, el presidente del American College of Physicians, Jason Goldman, consideró la decisión como un triunfo para la salud pública, al enfatizar que las políticas de vacunación deben apoyarse en datos científicos confiables y en procesos transparentes orientados al bienestar de la población.

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