Venezuela libera a más de 3 mil por Ley de Amnistía
La Asamblea Nacional de Venezuela informó que más de 3 mil 200 personas obtuvieron libertad plena con la Ley de Amnistía, mientras organizaciones piden revisar casos excluidos.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que más de 3 mil 200 personas han recuperado su libertad plena desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, mientras el organismo civil Foro Penal solicitó revisar 232 casos excluidos del beneficio.
Balance oficial tras la entrada en vigor
Desde Caracas, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de supervisar la aplicación de la ley, informó que hasta la mañana del martes se recibieron 4 mil 203 solicitudes de amnistía.
Tras su evaluación, se otorgó libertad plena a 3 mil 052 personas que contaban con medidas cautelares sustitutivas y se excarceló a 179 personas que permanecían en prisión, según datos oficiales.
Arreaza explicó que la norma contempla la extinción del delito por el cual las personas estaban procesadas o condenadas. Hasta el momento, aseguró, ninguna solicitud ha sido declarada improcedente.
La ley excluye delitos como homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar, de acuerdo con lo informado por el Parlamento venezolano.
Organizaciones civiles piden revisión
El organismo Foro Penal indicó que ha verificado la excarcelación de 91 personas detenidas por motivos políticos desde el 20 de febrero. Además, pidió revisar 232 casos que quedaron fuera del alcance de la amnistía.
La organización sostiene que cerca de 600 personas permanecen detenidas y que, al momento de la sanción de la ley, más de 11 mil ciudadanos tenían medidas restrictivas de libertad tras haber estado encarcelados previamente.
Contexto político y aplicación de la ley
La Ley de Amnistía fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien señaló que la iniciativa busca promover la convivencia política en el país.
Rodríguez asumió funciones el 5 de enero, tras la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de droga.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación sobre el mecanismo de aplicación de la norma, al señalar que los mismos jueces y fiscales que llevaron los procesos serán los encargados de interpretar la ley.
El gobierno venezolano niega la existencia de “presos políticos” y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por conspiración y desestabilización.
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