El fracaso de Gas Bienestar y la marcha del 1 de junio

Desde hace varios meses la industria del gas LP ha acusado un trato “injusto” del gobierno federal y los reguladores; por un lado, el esquema de precios máximos que se implementó en 2021 para “proteger” a los consumidores de aumentos y, por el otro, la empresa estatal Gas Bienestar que pese a ser considerada un fracaso y arrastrar pérdidas multimillonarias ha depredado algunos mercados en detrimento de los privados.

Si bien la política de fijar precios al gas LP y la creación de Gas Bienestar corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado interés en revisar la situación, la cual, acusan los gaseros, tiene a la industria en crisis, al borde de la quiebra de varias empresas y, por lo tanto, a muchos trabajadores en la antesala de ser despedidos.

Los ojos están puestos sobre la secretaria de Energía, Luz Elena González, a quien la Presidenta solicitó dialogar con la industria, pero las reuniones no se han concretado. Lo que piden los gaseros es que se revise el esquema de precios máximos, pues aseguran que no ha generado los efectos esperados –como la reducción generalizada de los precios de la tortilla y otros productos–, y por el contrario tiene a la industria pendiendo de un hilo.

La propuesta puntual de los distribuidores de gas LP en la Ciudad de México es un incremento de 4 pesos por litro, aunque el aumento podría ser menor, incluso de 1 peso; sin embargo, no ven voluntad de las autoridades del sector energético. Actualmente, en la capital del país el precio es de 10.61 pesos por litro y 19.66 pesos por kilogramo de gas LP, según los datos de la Comisión Reguladora de Energía.

La cadena va desde la compra del insumo –del cual casi 70% es importado de Estados Unidos–, la distribución y comercialización, el mantenimiento, las regulaciones de seguridad y los sueldos de los trabajadores.

En el gremio se habla ya de una crisis laboral silenciosa, por lo que se tienen preparadas movilizaciones masivas en el país para el 1 de junio próximo, el día en que se realizará la primera elección judicial en México. Estas movilizaciones se suman a las que también alistan los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen al gobierno incrementos salariales de 100%, entre otras cosas.

Las empresas más fuertes del sector son Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, la más grande, con presencia a nivel nacional; Gas Uribe, de Óscar Uribe, con posicionamiento en el Valle de México y el centro del país; Grupo Nieto, de Sergio Nieto del Río, presente en CDMX, Puebla, Veracruz y Guerrero; Grupo SoniGas, de Salvador Oñate Ascencio y Salvador Oñate Barrón, principalmente con operaciones en el norte del país; y Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, con fuerte presencia en el occidente del país.

Mientras tanto, la empresa estatal Gas Bienestar que fue lanzada en 2021 y dirige Gustavo Álvarez Velázquez acumula pérdidas cercanas a los mil 298 millones de pesos, principalmente por la adquisición de cilindros de gas.

La filial de Pemex también arrastra pérdidas operativas significativas. Según informes oficiales, los ingresos de Gas Bienestar han mostrado una tendencia decreciente: de enero a mayo de 2022 generó 254.3 millones de pesos, los cuales se redujeron a 183.4 millones de pesos en el mismo periodo del 2023 y retrocedieron aún más, a 174.4 millones de pesos, en el primer cuatrimestre del año pasado.

Todo esto sin contar la falta de transparencia en sus operaciones y la injerencia de altos funcionarios de la llamada 4T, que van desde secretarios de Estado, directivos de Pemex y liderazgos de Morena.

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