El Pemex de AMLO, en el ojo de EU

A cuatro meses de otro golpe que evidenció la fragilidad institucional de Pemex, la justicia estadounidense procesa en Texas a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, acusados de pagar sobornos en efectivo y con artículos de lujo a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para obtener contratos por al menos 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021. El esquema incluyó empresas registradas en Tabasco y Campeche, y el involucramiento directo de por lo menos un alto mando de auditoría interna de PEP.

En abril pasado fueron detenidos en Utah integrantes de la familia Jensen por contrabandear combustible robado de Pemex hacia Estados Unidos. La fiscalía los vincula con una red de huachicol que habría movido casi 3 mil cargamentos ilegales, valorados en 300 millones de dólares, con apoyo de contactos dentro de la petrolera y la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque uno está relacionado con contratos amañados y el otro en el robo físico de combustibles, ambos comparten un mismo denominador: la complicidad interna en Pemex y la participación de redes trasnacionales. Este es un recordatorio de que la corrupción y el crimen organizado siguen encontrando fisuras en la empresa más importante de México, pese a que el discurso oficial insiste en lo contrario.

El caso de los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga involucra redes empresariales que operan desde Tabasco y Campeche, exfuncionarios con acceso privilegiado a la petrolera y un catálogo de contratos que, según la fiscalía, sirvieron para comprar y regalar relojes Hublot, bolsas Louis Vuitton y otros lujos.

Las empresas son clave para entender el entramado. Desde Villahermosa, Rovirosa controla Rmasset Advisors, Atara Management y Arrendadora Roma; y en Campeche, Ávila se ostenta como dueño de Penta Financial, Sofom ENR, y Kim Rent-a-Car. Todas estas razones sociales fueron vehículos para colocar propuestas “ganadoras” en licitaciones de PEP y asegurar adjudicaciones por al menos 2.5 millones de dólares. El intercambio eran sobornos por contratos. El monto de los “obsequios”, unos 150 mil dólares, parece menor frente a los beneficios obtenidos, pero revela uno de los modus operandi para hacer negocios en la petrolera.

Ávila no es un desconocido en esas oficinas. Fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP entre 2010 y 2012, sancionado en su momento por contratos irregulares y vínculos con Oceanografía. Rovirosa, por su parte, nunca ocupó un cargo en la paraestatal, pero sí tejió una red de empresas energéticas en Tabasco y Texas, operando con prestanombres desde la misma dirección en Villahermosa.

Durante el periodo de las acusaciones, Pemex estuvo bajo el mando de Octavio Romero Oropeza, y PEP pasó de la dirección de Miguel Ángel Lozada Aguilar a la de Ángel Cid Munguía en 2021. Bajo esa estructura, al menos tres funcionarios de PEP habrían recibido los sobornos. Sus nombres no han sido revelados públicamente, pero las pruebas que cita la fiscalía incluyen mensajes de WhatsApp, registros de transferencias y fotos de los obsequios.

Uno de los funcionarios implicados sería un alto mando de auditoría interna. Rosa María Gutiérrez Rodríguez era la titular de Auditoría Interna en esas fechas, cargo que dejó en enero de 2022, cuando fue sustituida por Juan Torres Gurrola.

Los contratos amarrados a través de este mecanismo incluyen servicios para carreteras y plataformas, integridad mecánica y obras estratégicas, con montos que oscilan entre los 12 y 52 millones de pesos. El detalle de los expedientes en México es escaso; el portal de Pemex Transparente no ofrece, al menos con estas razones sociales, contratos visibles, lo que alimenta la sospecha de que pudieron adjudicarse mediante filiales, consorcios u otros prestanombres.

Rovirosa fue detenido el 10 de agosto en Texas, se declaró no culpable y obtuvo libertad bajo fianza de un millón de dólares. Ávila sigue prófugo. Ambos enfrentan cargos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con penas de hasta cinco años por cada violación.

Todo esto ocurre en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aunque los delitos y el crecimiento del huachicol sucedieron en el gobierno de López Obrador. Si bien el nuevo plan de negocios de Pemex que impulsa la actual administración se distancia de la política de hidrocarburos del sexenio anterior, priorizando alianzas estratégicas con empresas, disciplina financiera y diversificación, frente a la visión centralizada y nacionalista de su antecesor, la narrativa oficial de una empresa en vías de “rescate” y libre de corrupción no cuadra.

El expediente en Texas vuelve a mostrar la fragilidad de la petrolera y pone en entredicho su potencial rescate. Las viejas prácticas de sobornos por contratos siguen vivas y la pregunta inevitable es: ¿cuántos de esos funcionarios siguen hoy en sus oficinas, sembrados por la anterior administración de Octavio Romero y Marcos Herrería?

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