El plan de rescate de Pemex
Mario MaldonadoTras seis años de pérdidas, sobrecostos, desconfianza de los mercados y decisiones políticas disfrazadas de estrategia energética, el gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta a uno de los retos más difíciles que heredó de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador: rescatar a Pemex del colapso operativo y financiero. La petrolera más endeudada del mundo –y la más emblemática del nacionalismo obradorista– será sometida a una “cirugía mayor”, como la han definido las calificadoras que le quitaron el grado de inversión al inicio del sexenio pasado. Esta no sólo implica recortar personal y fusionar áreas, sino redefinir su modelo de negocio, su rol estratégico y su relación con el capital privado e internacional.
Este viernes, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex presentará un plan integral de reestructura cuyo objetivo principal es recuperar el grado de inversión y estabilizar las finanzas de la empresa. La deuda total de Pemex, sumando pasivos financieros y adeudos con proveedores, rebasa los 120 mil millones de dólares, una cifra que por sí sola explica por qué la petrolera está en cuidados intensivos. Tan solo en 2025, la empresa debe cubrir amortizaciones por 6 mil 400 millones de dólares.
El encargado de encabezar la operación desde el ala financiera del gobierno es Edgar Amador, secretario de Hacienda, quien ha reiterado que el plan no es improvisado ni cosmético: se trata de un rediseño estructural. La meta es reinsertar a Pemex en los mercados de capitales, reducir su dependencia del financiamiento público y, sobre todo, restablecer la confianza de las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales, que han degradado a la empresa al borde del grado especulativo. Hoy, Pemex se sostiene más por razones políticas que por lógica de negocio.
El proyecto incluye tres líneas de acción: reestructura operativa, más beneficios fiscales y saneamiento financiero. En lo organizacional, se plantea la eliminación de más de 40 subsidiarias, muchas de ellas redundantes o disfuncionales, y la consolidación de áreas clave en una estructura vertical única. Más de 3 mil plazas de confianza serán canceladas y se estima un ahorro superior a los 10 mil millones de pesos sólo en el primer año. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla –ausente en muchas de las decisiones– ha instruido que los actuales titulares de subdirecciones y gerencias operen bajo una figura de “responsables” para asegurar continuidad operativa mientras se implementa la nueva arquitectura administrativa.
En el frente operativo, Pemex planea reabrir casi 5 mil pozos cerrados, con la expectativa de elevar la producción petrolera de los niveles actuales, de alrededor de 1.5 millones de barriles diarios, hasta un rango de 1.6 a 1.8 millones de barriles. También se proyecta una modernización del sistema de refinación y una reactivación del sector petroquímico, uno de los más castigados durante el sexenio anterior. Sin embargo, se seguirá buscando reducir la exportación de crudo e incrementar el procesamiento interno, como parte de la inviable “autosuficiencia energética”.
En paralelo, se reformará el marco fiscal que regula a la empresa. El llamado “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que fusionará tres impuestos en uno solo, establecerá tasas del 30 % para hidrocarburos y 11.63 % para gas no asociado, lo que permitirá a Pemex una mayor liquidez operativa sin que implique, en el corto plazo, un relajamiento del control fiscal desde Hacienda.
Pero incluso con estos ajustes, el problema estructural de Pemex persiste. De acuerdo con el más reciente reporte trimestral, la deuda con proveedores asciende a 430 mil 540 millones de pesos –casi 23 mil millones de dólares– y sigue creciendo. Pese a pagos parciales, la petrolera aún tiene pasivos con contratistas de todas las tallas, muchos de los cuales han detenido operaciones o abandonado proyectos en regiones como Campeche, Tabasco y Veracruz.
A este riesgo operativo se suma otro: la fragilidad del flujo de efectivo, que obliga a utilizar mecanismos como notas precapitalizadas del gobierno federal para evitar el impago. Ya se colocaron cerca de 10 mil millones de dólares y se buscará colocar otros 13 mil millones en el corto plazo.
Y luego está Dos Bocas. La refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, ha consumido ya más de 21 mil millones de dólares –162% más que el presupuesto inicial de 8 mil millones– y sigue sin operar a plena capacidad. Hoy depende de subsidios para mantenerse activa y no produce ni el volumen ni la calidad de combustible que prometió. La obra se convirtió también en uno de los mayores pasivos fiscales para el Estado mexicano.
Ahora la presidenta Sheinbaum y su equipo intentan dar un golpe de timón. La reestructura que presentarán esta semana es ambiciosa, necesaria e inevitable. Pero llega tarde. La gran duda es si Pemex puede reconstruirse sobre las ruinas del obradorismo energético o si será, una vez más, el barril sin fondo que consume miles de millones solo para beneficio de quienes se sirvieron de la cuchara grande, como su exdirector Octavio Romero y su círculo más cercano.
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