El respiro a los bancos y los avisos de EU

Una buena noticia, de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, es que la Unidad de Delitos Financieros (FinCEN) otorgó una extensión de 45 días para la entrada en vigor de las órdenes que restringen transferencias de fondos con CIBnanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La decisión del Tesoro, que encabeza Scott Bessent, se la atribuyeron las autoridades financieras del país, particularmente la Secretaría de Hacienda, que en un comunicado dijo que fue “resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos”.

Un acierto fue la intervención temporal de las instituciones financieras, no solo para evitar una estampida de clientes, sino para reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y enviar un mensaje positivo a Estados Unidos, que les otorgó un poco más de oxígeno antes de retirarlas por completo de su sistema financiero.

Fue el 25 de junio de 2025 cuando el FinCEN emitió tres órdenes, bajo la autoridad de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, en las que designó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “principal preocupación” por su papel en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.

Dichas órdenes prohibieron a instituciones financieras estadounidenses realizar ciertas transferencias de fondos con las tres entidades mexicanas, a partir del 21 de julio de 2025. Ahora la fecha se extiende al 4 de septiembre de 2025.

Otro dato positivo fue el comunicado de la directora del FinCEN, Andrea Gacki, quien expuso que Estados Unidos y México coordinaron esfuerzos “para salvaguardar nuestro sistema financiero del abuso por parte de cárteles”.

Las órdenes del 25 de junio de 2025 representaron la primera aplicación histórica de la Sección 2313a, enfocada en el lavado ligado a opioides, con una prohibición directa de transferencias. A diferencia de la Sección 311, no se requirieron reglamentos, sino una orden ejecutiva inmediata.

En México hay por lo menos tres responsables directos que, según los años de los señalamientos del Tesoro (2021-2024), estuvieron al frente de las instituciones encargadas de la supervisión y regulación de dichas instituciones financieras: Pablo Gómez, titular de la UIF desde noviembre 2021, que es el encargado de realizar el análisis y reportar operaciones sospechosas, bloqueos financieros y coordinación interinstitucional; y Jesús de la Fuente, presidente desde marzo 2021, responsable de supervisar bancos y casas de bolsa, así como de implementar intervenciones regulatorias tras alertas de lavado. Ambos, por cierto, fueron heredados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El tercero y, en teoría jefe de ellos, es Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda del 15 de julio de 2021 al 7 de marzo de 2025.

También hubo varios avisos de Estados Unidos a los funcionarios mexicanos, los cuales al parecer fueron subestimados.

En febrero del año pasado, la directora de FinCEN, Andrea Gacki, y el subsecretario Scott Rembrandt, encabezaron una ronda de diálogo público-privado en la Ciudad de México junto con la UIF, de Hacienda, y la UBVA, de la CNBV, enfocada en analizar flujos ilícitos transfronterizos, tipologías de lavado vinculadas al fentanilo, tráfico de personas, fraude y corrupción. Rembrandt también estuvo en Nuevo Vallarta, en mayo pasado, para reunirse con integrantes de la Asociación de Bancos de México.

Asimismo, el encargado para temas de inteligencia financiera y terrorismo, Brian E. Nelson, se reunió en abril de 2024 con el exsubsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, para reforzar la colaboración bilateral en el intercambio de información contra el lavado de dinero, el tráfico de fentanilo, la corrupción, las armas y la trata de personas.

Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió en abril pasado en Washington con el secretario de Hacienda Edgar Amador, donde se abordaron temas como la implementación de reformas para desarticular el financiamiento de los cárteles y la colaboración en mecanismos de inversión con enfoque en seguridad nacional.

Fueron varios avisos, aunque en ninguna de las reuniones los estadounidenses fueron tan puntuales y específicos sobre los objetivos de empresas e instituciones financieras mexicanas en la mira… hasta que les cayó la bomba.

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