FGR asegura mina que operaba ilegalmente en la villa de Agujita

FGR aseguró una mina de carbón en Agujita, presuntamente vinculada actos ilegales, como parte de una investigación por explotación ilícita de minerales.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo un cateo en una mina de carbón que presuntamente operaba de manera ilegal en la comunidad de Agujita, ubicada a un costado de la carretera federal 57, donde se sospecha se extraía carbón sin los permisos correspondientes ni regulación oficial alguna.

Investigación

La intervención se realizó con base en una orden judicial emitida por un juez federal, como parte de una investigación en curso por el delito de explotación ilícita de recursos minerales, delito contemplado en el Código Penal Federal. 
La acción forma parte de una serie de operativos que las autoridades federales han intensificado en la región carbonífera del estado de Coahuila, buscando frenar actividades ilegales que afectan el medio ambiente y la economía local. De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas a la investigación, la mina asegurada sería presuntamente propiedad del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, quien actualmente representa un distrito en la región. Sin embargo, hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General de la República.

Operativo

El operativo fue ejecutado durante la tarde del miércoles 11 de junio y estuvo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes fueron acompañados por peritos especializados y personal del Ministerio Público Federal. La presencia de estos funcionarios tenía como propósito levantar evidencias, verificar la legalidad de la operación minera y documentar el estatus del predio, además de asegurar que no existieran irregularidades ni violaciones a la ley durante el proceso. 
Además, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional participaron en el dispositivo, estableciendo un cerco de seguridad en la zona para proteger a los funcionarios que ejecutaban el cateo, así como para evitar alteraciones al orden público o la fuga de personas involucradas. Este amplio despliegue de fuerzas garantizó el desarrollo ordenado y seguro del operativo.

Aseguramiento

Durante la diligencia, las autoridades lograron asegurar varias personas que se encontraban trabajando en el lugar, presuntamente sin los permisos necesarios para realizar actividades mineras.  También fueron incautadas varias unidades de maquinaria pesada utilizadas para la extracción de carbón mineral, la cual sería clave en la investigación que ahora encabeza la FGR.
Todo lo asegurado, incluidas las personas detenidas y el equipo incautado, fue trasladado a la ciudad de Monclova, Coahuila, donde se encuentra una sede regional de la Fiscalía General de la República. Ahí será integrado a la carpeta de investigación correspondiente, donde se analizarán todas las evidencias recabadas para determinar la situación jurídica de los implicados y continuar con el proceso legal correspondiente.
Seguimiento.  Hasta el momento, la FGR no ha revelado el número exacto de detenidos ni ha confirmado la identidad del propietario del predio, aunque diversas fuentes extraoficiales insisten en que el sitio pertenece presuntamente al legislador Antonio Flores Guerra. Este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno federal por combatir la minería irregular en Coahuila, una actividad que ha sido históricamente conflictiva en la región debido a la presencia de minas sin regulación adecuada y al involucramiento de actores políticos o económicos que buscan beneficiarse ilícitamente. Las autoridades federales han informado que las investigaciones continúan abiertas, y que no se descarta que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los avances del caso, así como posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de esta intervención, con el objetivo de asegurar justicia y transparencia en el proceso, garantizando el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la ley.

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