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Jesús de la Fuente, insostenible al frente de la CNBV

Mario Maldonado
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La permanencia de Jesús de la Fuente al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pende de un hilo por los malos resultados que ha tenido dentro del regulador del sector financiero. Según fuentes de Palacio Nacional, el abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León está a un paso de dejar el cargo, en medio de un nuevo escándalo: la quiebra de la Sofipo CAME, que dejó sin acceso a sus recursos a más de un millón de ahorradores. 

Aunado a su falta de experiencia en el sector financiero, De la Fuente es visto dentro del sector como el artífice de varias quiebras y fraudes, principalmente por su negligencia para ejercer el mandato principal de la Comisión que encabeza: la correcta supervisión y regulación de todas las entidades financieras acreditadas del país. 

De la Fuente fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y palomeado en su momento por el entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, luego del paso de otros dos titulares de la CNBV que tampoco dieron el ancho. En octubre del 2021 se convirtió en presidente del organismo regulador y hasta la fecha los resultados exponen que su gestión ha sido un fracaso: quiebras de instituciones, fraudes y desfalcos, un desplome de más de 50% en las sanciones a entidades financieras y presuntos escándalos de corrupción y acoso dentro del organismo. Es momento de que la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Hacienda, Edgar Amador, tomen la decisión que vienen valorando desde el inicio del sexenio.   

Este jueves, la Presidenta fue cuestionada sobre la quiebra de la Sofipo CAME, que ofrecía rendimientos anuales de hasta 16%. Sheinbaum respondió que el secretario de Hacienda atendería directamente el asunto. 

Los problemas en CAME se hicieron evidentes a finales de marzo, cuando sus clientes reportaron intermitencias y fallos en la aplicación móvil en la que realizaban sus operaciones. El cierre de sucursales y el despido de personal incrementó las preocupaciones. A mediados de mayo, clientes de la financiera popular llevaron a cabo bloqueos y manifestaciones para pedir una solución a las autoridades, así como una reestructura que les permita recuperar sus ahorros. 

Si bien es cierto que cuando De la Fuente asumió el cargo heredó un sector de Sociedades Financieras Populares (Sofipo) ya problemático, con pérdidas de 1.66% de sus activos y 8.99% de su capital, lo único que ha hecho durante su gestión es empeorarlo. Para enero de 2025 las pérdidas sobre activos se habían duplicado al 2.4%, mientras que las pérdidas sobre capital se elevaron al 18%.

El máximo responsable de la supervisión financiera ahora se dice "sorprendido" frente a una crisis que no solo se gestó bajo su vigilancia, sino que él mismo reportó trimestralmente durante cuatro años.

La narrativa oficial busca culpar a Esther Ramírez, a quien el propio De la Fuente propuso y nombró como vicepresidenta de Supervisión y Finanzas Populares. No obstante, la debacle de CAME apunta a Armando Martínez Ramírez, el mismo funcionario que ha sido evidenciado por haber recibido presuntamente dos millones de pesos en efectivo a cambio de demorar la revocación de la Sofipo Sierra Gorda. 

La defensa que De la Fuente ha hecho de Armando Martínez Ramírez resulta inquietante. Este funcionario mantiene su posición gracias al respaldo inexplicable del presidente de la CNBV, a pesar de tener un historial que incluye señalamientos y denuncias por corrupción y omisión.

En conclusión, el presidente de la CNBV es insostenible y su salida, que se viene barajando desde hace meses, podría darse en los próximos días. 

Posdata

Cuando la Sofipo Te Creemos se fusionó con CAME, a finales de 2022, ya arrastraba pagos anticipados a proveedores por cientos de millones de pesos, pero nada de esto pareció generar señales de alerta a la CNBV. 

En apenas dos años, bajo la mirada complaciente del director General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares B, Armando Martínez Ramírez, estos "pagos anticipados" se multiplicaron hasta alcanzar más de mil 200 millones de pesos. El resultado fue una fuga de capital de mil 400 millones que dejó en la ruina a más de un millón de ahorradores. 

Más aún, cuando CAME ya había cerrado a sus ahorradores el acceso a su dinero, los accionistas continuaron el saqueo: desviaron recursos de los fideicomisos de cobranza que administra CiBanco para pagarse a ellos mismos.

Aquí entra nuevamente en escena Martínez Ramírez, quien como responsable directo tenía la obligación legal de intervenir dichos fideicomisos para impedir más fugas de dinero de los ahorradores.

Con dicha omisión los inversionistas lograron desviar hasta 800 millones de pesos adicionales del dinero que pertenecía a los ahorradores. 

La reciente sentencia judicial del caso Famsa en relación a la responsabilidad patrimonial del estado en caso de omisión regulatoria podría sentar un precedente aplicable a este caso, donde el regulador conoció durante casi cuatro años el deterioro y administración fraudulenta de la Sofipo, sin hacer prácticamente nada.

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