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La Casa Gris de Sinhue y el negocio de la seguridad

Salvador García Soto
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Como si el color gris fuera el favorito de los políticos mexicanos, a la hora de hacer negocios y transparentar sus recursos, al exgobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez le han documentado una mansión en Houston, Texas, cuya fachada y techos, en color gris, esconden el origen de los recursos con los que se financió dicha propiedad de más de 3 mil metros cuadrados y un valor de 1 millón 242 mil dólares, ubicada en la zona más exclusiva de la zona de Woodlands, en donde radica la familia del exmandatario que gobernó Guanajuato de 2018 a 2024.

Tal como ocurrió con la primera “Casa Gris”, de José Ramón López Beltrán, también en Houston, resulta que la lujosa residencia en la que viven la esposa e hijos de Sinhue está a nombre de un excontratista de su gobierno, Daniel Esquenazi Vehara, operador de la empresa de seguridad Seguritech, que obtuvo contratos por casi 3 mil millones de pesos en Guanajuato, durante los seis años de gobierno del panista. A Esquenazi Vehara también se relacionó en 2016 con negocios inmobiliarios del llamado “Cártel de los Güeros” que despojó a ejidatarios y campesinos de decenas de hectáreas de terrenos para venderle después al gobierno panista de Miguel Márquez, a sobreprecio de hasta 42 veces su valor, la superficie que fue donada a la empresa japonesa Toyota que hoy opera en el municipio de Apaseo El Grande.

Las revelaciones que publicaron la semana pasada el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y Connectas, en la que se documentan los lujos y la comodidad de la casa, ubicada en la zona más exclusiva de Woodlands, y a la que solo tienen acceso propietarios, el exgobernador emitió una declaración en la que aseguró que la casa no es de su propiedad, que él no vive ahí y que sólo la renta para su familia, porque sus hijas fueron a estudiar a Estados Unidos. Lo que no explica Diego Sinhue es por qué su familia radica, precisamente, en una casa que es propiedad de un operador de una empresa que recibió contratos millonarios de su gobierno.

Y eso lleva a seguir la pista de lo que parece una reedición del modus operandi de Genaro García Luna y la millonaria corrupción que el exsecretario de Seguridad federal, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, hizo a través de las empresas de seguridad privada que operan en México. En ambos casos, funcionarios panistas terminaron vinculados a estructuras empresariales privadas, como la familia Weinberg, en el caso de García Luna, y ahora en el del exgobernador panista a los socios de Seguritech, cuyo accionista mayoritario es el empresario Ariel Picker que detenta el control mayoritario de la empresa contratada por el gobierno de Guanajuato.

Seguritech es hoy la empresa líder en el mercado de la tecnología y videovigilancia en la seguridad privada y opera o ha operado con gobiernos de todos los signos partidistas lo mismo en Guerrero, que en Morelos, Estado de México, en la Ciudad de México, en Guanajuato, Sinaloa, Baja California y Sonora. La empresa, que hoy ofrece servicios incluso a nivel internacional en otros países, creció de manera notable en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en donde obtuvo contratos millonarios, a partir de la relación que trabó con el gobierno peñista desde el Estado de México y que ya en la Presidencia fue impulsada, por la relación cercana con David Korenfeld, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, y con quien estableció una relación cercana a través de la poderosa comunidad judía.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna “Estrictamente Personal” publicada el 28 de marzo de 2017 en Eje Central, Seguritech fue creada en 1996 por Picker, como una empresa modesta que operaba en la CDMX y el Edomex, y en 10 años pasó a convertirse en proveedora de al menos 20 estados del país en donde ha instalado la mayoría de los C2, los C4 y los C5, todos centros de vigilancia, monitoreo y control de comunicaciones que operan en las principales ciudades del país.

“Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano”, escribió Riva Palacio en su columna.

Como socios de Seguritech, junto con Picker, aparecen Gonzalo Miguel Adalid Mier, socio fundador y Alicia Rebolledo Terrazas, notaria pública de Veracruz y ajena al sector de seguridad o tecnología, aparece como propietaria del 19%. En 2010, The New York Times publicó que Gonzalo Miguel Adalid Mier, socio fundador de Seguritech y entonces jefe de la policía en San Pedro Garza García, en la administración del alcalde Mauricio Fernández, estuvo al mando de una corporación cuyos elementos fueron acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, facilitando operativos y utilizando vehículos oficiales a favor de la organización criminal. Adalid Mier fue removido del cargo y no volvió al sector público. El periodista Jorge Alejandro Medellín lo describió como “un personaje de trayectoria opaca, involucrado en proyectos fallidos de paramilitarización de la seguridad pública mediante estructuras paralelas de mando”.

Reportes de la prensa estadounidense indican que a algunos socios de Seguriteh les fue cancelada su Global Entry, lo que llevaría a indicios de investigaciones financieras transfronterizas de las autoridades de EU. La empresa con la que hoy se asocia al exgobernador Diego Sinhue, a través de su operador Daniel Esquenazi, hoy concentra la mayoría de los centros de comando e inteligencia en las principales ciudades de México, justo algunas de las cuales han sido objeto de hackeo o robo de información por parte del narcotráfico, como recientemente reportó el FBI, sobre el hackeo a sistemas de videovigilancia de la CDMX que permitieron a un hacker informar sobre la ubicación y el rastreo de un funcionario del FBI.

De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia, en 2018, el Cártel de Sinaloa contrató a un hacker para seguir y rastrear al Agregado Legal Adjunto del FBI para lo cual utilizó la red de cámaras de videovigilancia de la capital operadas desde el C5. “Según el FBI el hacker también utilizó para seguir al Agregado Legal del FBI por la ciudad e identificar a las personas con las que se reunió. Según el agente del caso, el cártel utilizó esa información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a posibles fuentes o testigos colaboradores”, dice el informe del gobierno estadounidense.

A pesar de esas deficiencias operativas documentadas por el Departamento de Justicia, la empresa Seguritech sigue recibiendo millonarios ingresos por los contratos que mantiene en CDMX y en varios estados más, lo que se explica, más alá de sus servicios, también en buena parte por los vínculos políticos y de negocios que, como en el caso del panista Sinhué y su “Casa Gris” en Houston, ha sido documentado por el reportaje periodístico de PopLab y Connectas.

Y si bien el millonario negocio de la seguridad, que llevó a García Luna a convertirse en multimillonario, que hizo al gobierno de Peña Nieto encumbrar a una empresa privada que hoy controla la mayoría de los centros de inteligencia y mando en la República, y que ahora aflora en la mansión de lujo en la que vive la familia del exgobernador panista Diego Sinhue, empezó en los gobiernos del PRI-AN y hasta en los del extinto PRD, hoy claramente, en la 4T y en la administración de la presidenta Sheinbaum, ese negocio sigue siendo rentable y jugoso, tanto para los empresarios privados como para los gobernantes de cualquier color partidista.

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