La cruda de la elección judicial y el plan de Lenia
Mario Maldonado
Este lunes el Consejo General del INE deberá aprobar los dictámenes de fiscalización de las elecciones judiciales y las que se llevaron a cabo en Durango y Veracruz. El órgano que preside Guadalupe Taddei deberá proponer sanciones por irregularidades en ingresos y gastos relacionados con el uso indebido de recursos y omisiones en reportes.
Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que resolver todos los juicios electorales antes del 28 de agosto, en particular los relacionados con la elección de candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, tribunales colegiados y juzgados federales.
Tras estos procesos vendrá la declaración de validez. El TEPJF deberá dictaminar sobre todas las elecciones menos los dos cargos de la Sala Superior del Tribunal que también fueron votados en las elecciones del pasado 1 de junio, por lo que en este caso será la SCJN la que resuelva las controversias.
Asimismo, están pendientes varias designaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales serán una especie de compensación para actores relevantes que participaron en el desaseado proceso de elección judicial.
La Sala Superior del TFJA, encargada de resolver controversias fiscales y administrativas del más alto nivel, presenta al menos cuatro vacantes críticas derivadas de la conclusión de los periodos de los magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Juan Manuel Jiménez Illescas, Nora Elizabeth Urby Genel y Alfredo Salgado Loyo, cuyas designaciones expiraron entre 2023 y 2024. Estas posiciones no sólo siguen sin cubrirse, sino que han sido retenidas como moneda de cambio en las negociaciones entre Poder Ejecutivo, Senado y grupos internos del Tribunal.
A ellas se sumará el vencimiento, en febrero de 2026, del nombramiento del magistrado Carlos Mena Adame, lo que abrirá otra vacante estratégica en un tribunal que enfrenta una creciente presión por la judicialización de temas fiscales, energéticos y de contrataciones públicas.
Las vacantes no están solamente en la Sala Superior. Hay muchas más magistraturas numerarias y supernumerarias pendientes de ser designadas.
Además, existe una suspensión vigente para la entrega de una magistratura cuyo nombramiento ya concluyó. Esto eleva el número total de espacios vacantes o en riesgo de quedar acéfalos a más de 40, una cifra que no se había visto desde el rediseño del sistema administrativo federal en los años 90.
En la Tercera Sección, encargada de los temas disciplinarios y de responsabilidades administrativas, hay una vacante abierta que se suma a las ya cubiertas por Julio Ángel Sabines Chesterking y Natalia Téllez Torres Orozco, cuyos periodos concluyen en 2036.
La combinación de estos factores ha provocado una intensa movilización de operadores políticos y legislativos. Algunos nombres ya suenan en el Senado como posibles beneficiarios de estas designaciones. Se trata de exfuncionarios del SAT, operadores jurídicos de la 4T y hasta exconsejeros electorales.
Todo esto ocurre mientras se discute el Paquete Económico 2026, sin claridad aún sobre cómo impactará la política de austeridad prometida por la presidenta Claudia Sheinbaum en los tribunales administrativos. El riesgo es que el TFJA entre a ese debate sin dirección colegiada ni definición interna.
Columna: El ojo rubio (que espía a los morenos)
Desconcertados de que los capturen en fotos y videos mientras vacacionan en lugares de Europa y del Lejano Oriente a donde solo sus más cercanos supieron que viajarían; señalados por la presidenta Sheinbaum que expresamente pidió evitar los lujos y la ostentación como regla -- leer más
Noticias del tema