La democracia fallida

En pocos años, hemos visto la demolición de la democracia que tomó décadas en construir. Aunque las reformas que le dieron vida lograron montar un régimen electoral imparcial y un sistema competitivo de partidos, la decepción con el sistema de gobierno creció y fue arrojada a la basura por un movimiento que la denuesta con el antiquísimo prejuicio de que defendía intereses especiales. Pronto tendremos el cierre fatal con una nueva legislación electoral que impedirá la representación de minorías e inclinará la balanza a favor del partido oficial que llegó con intenciones de perpetuidad. Por qué fue así, es pregunta indispensable si se ha de retomar el camino democrático.

La democracia mexicana (1997-2024) no cayó solo a causa de sus enemigos, sino también de la carencia de cimientos sólidos. Como empieza a quedar claro para sus propios creadores —demasiado tarde—, la culpa no reside solamente en quien mató la vaca, sino en quienes le agarraban la pata desde antes de que llegaran los carniceros. Y eso ya podía verse desde temprano. En los gobiernos de Fox, Calderón y Peña se mantuvieron en el régimen político vicios nuevos y viejos que están en las raíces podridas del árbol caído.

El sistema de partidos se fundó, desde el arranque, con materiales de impermeabilización elitistas y clientelares. Jorge G. Castañeda reiteró en Nexos de julio algo muy sabido pero enterrado en la desmemoria: “En la reforma de 96, lo que se dijo fue: —A ver, ¿cuánta lana tiene el PRI? —Pues, equis cantidad. —Ok, pues muy bien, entonces, que sea parejo a los demás. Todos juntos los demás. No cada uno de los demás. Lo cual creaba, por definición, una situación donde los demás, si querían competir, tenían que juntar mucho dinero privado. No había manera de que alcanzara con las puras prerrogativas porque estaban diseñadas para ser desiguales”. Fue un acto fundacional del financiamiento público. Si los partidos querían competir tenían que ir a buscar más recursos que los públicos en donde los hubiera. Y los hallaron. No podemos explicar el avance del crimen organizado en las campañas políticas sin entender la mecánica de esta ciega “carrera hacia ningún lugar” como refirió ingeniosamente Sartori al desbocamiento contemporáneo. Y tampoco podemos entenderlo sin la aceptación de AMLO del ingreso de las bandas al financiamiento de todo tipo de causas políticas, sociales y, sobre todo, de acumulación criminal.

Pero la madre del des-madre fue el paso de la monocracia a la poliarquía sin considerar de qué modo la coordinación centralizada y vertical del sistema presidencial de partido hegemónico podía reformarse como coordinación descentralizada entre los poderes formales del Estado. La dupla presidente-partido característica del dominio priísta entre 1928 y 1997 con la que México fue gobernado al estilo de las dictaduras romanas (Sartori dixit) era no solamente una forma de dominación coordinada entre los poderes formales (Federación, estados y municipios), sino la matriz de autoridad de los poderes sociales, económicos y criminales; la aduana vertebral de la frontera entre legalidad e ilegalidad (ese oscuro y sempiterno objeto del Estado). La democracia mexicana no inventó la nueva frontera que sustituyera a la anterior; los poderes formales se quedaron nadando en el pantano del sálvese quien pueda y al viejo control presidencial no le sucedió otra forma de coordinación del poder: se jibarizó.

De haberse enfrentado este problema se podría haber impedido que la ilegalidad criminal se comiera a pedazos el régimen formal y asedie al Estado penetrándolo o subyugándolo con “plomo o plata”, como se aprecia por todos lados. La ilusión de que, una vez resuelta la equidad electoral, las “bondades” de la Constitución formal se impondrían por sí solas se convirtió en doctrina de Estado hasta la llegada de López Obrador, que la mandó a volar con todo y “sus instituciones” para regresar al pragmatismo presidencialista y centralizado —acaso otra ilusión—, pero esta vez sin las capacidades para someter a control y discreción a los poderes extralegales e ilegales. Se edificó la poliarquía sobre los veneros del estiércol.

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