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La doble vida de Raúl Rocha Cantú, según la FGR

Mario Maldonado
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El expediente 495/2025 de la FGR revela la doble vida que habría llevado por años Raúl Rocha Cantú, amigo y socio de políticos, empresarios y figuras del mundo del espectáculo, quien, según las investigaciones, maneja una estructura criminal que combina huachicol de gasolina, tráfico de armas, sobornos, tráfico de información y una red empresarial diseñada para operar como fachada legal.

El documento lo identifica como la mente maestra dentro del grupo encabezado por Jacobo Reyes León (“Yaicob”) y Jorge Alberts Ponce (“Yoryi”), y sostiene que su participación no fue tangencial ni financiera solamente, sino operativa y estratégica.

Rocha fue identificado como parte de la organización desde el 15 de diciembre de 2024, tras la intervención de comunicaciones autorizadas. La FGR afirma que “inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos… y ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información en la FEMDO”. Es decir que Rocha financiaba las operaciones de huachicol y al mismo tiempo compraba información desde dentro de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Daniel Roldán Morales, “El Inge”, era quien transfería las ganancias generadas por la venta de combustible ilícito a las cuentas de Rocha. El expediente añade que el empresario regiomontano operaba parte del combustible ilegal a través de sus propias estaciones de servicio, gasolineras registradas a su nombre o bajo empresas de su grupo, como Estación de Servicio Vacio-Full, Servicio Delmcar y Soluciones Gasíferas del Sur, algunas con vínculos documentados en contratos con Pemex.

La relación entre Rocha y los líderes del grupo se expone en otra comunicación intervenida en la que Jacobo Reyes afirma que “es mi socio” y menciona que Rocha “andaba en Washington” mientras coordinaban una reunión para “Memo”. Esta mención, aparentemente rutinaria, confirma una sociedad directa y no una relación meramente contractual o informal.

El expediente también exhibe un ejercicio interno de inteligencia de la propia FGR. La agente del MP realizó una búsqueda en Google para documentar el historial público de Rocha tras encontrar una referencia en llamadas donde se hablaba del “video de Miss Universo”. Ahí localizó una serie de notas periodísticas sobre el empresario, entre ellas las que reportaron el polémico video donde Rocha calificó a concursantes de Miss Universo como “gordas” y “de rating”. También integró notas sobre su adquisición del certamen mundial, su ascenso como empresario del entretenimiento y su relación con escándalos previos como el Casino Royale, las denuncias laborales, los litigios financieros y la opacidad de sus otros negocios.

Pero donde la investigación adquiere mayor complejidad —y donde el expediente es más explosivo— es en el entramado empresarial que acompaña a Rocha dentro de la organización. Este grupo criminal operaba en empresas legalmente constituidas, con oficinas en zonas de alto perfil, personal reclutado formalmente y licencias de armas emitidas por autoridades federales.

El documento establece que la red corporativa estaba compuesta por Servicios Integrales Valvón, Segurimex, Dinámica Seguridad Privada Consultores, Servicios Terrestres de Seguridad (SETER) y GPR, todas bajo la administración de Jorge Alberts Ponce. Estas empresas servían para facturar servicios de guardia y custodia, pero también para remarcar armas, distribuirlas, gestionar licencias, encubrir personal armado e incluso para operaciones inmobiliarias ilícitas como despojos y obtención fraudulenta de escrituras.

La pieza central era Valvón, empresa con una licencia para 350 armas, según las conversaciones intervenidas, usadas para entregar armamento a personal sin controles, amparados en las pólizas de seguridad privada. HNI exigía “oficios Valvón” para justificar la portación de armas ante autoridades. Desde las oficinas de Valvón, en San Ángel, se organizaban reuniones, movimientos de custodias, visitas de mandos militares y entregas de armamento.

Segurimex, por su parte, operaba custodias y servicios para tiendas como Liverpool, aunque “no tenía licencia intramuros”, lo que obligaba a usar otras razones sociales cuando requerían personal armado. Dinámica funcionaba como bodega y cuarto de armas, donde almacenaban equipo mientras buscaban nuevas propiedades para ampliar la capacidad del almacén. GPR se utilizaba para reclutar personal —las llamadas “gacelas”—, según las intervenciones. Y Setrosec/SETER servía para obtener constancias y permisos cuando alguna de las otras empresas no podía justificar movimientos.

Esta estructura empresarial-criminal funcionaba como una fachada corporativa de alta sofisticación, con licencias legales, logística de seguridad, vehículos identificados y una arquitectura societaria para dificultar el rastreo del flujo de armas y del combustible ilícito.

El expediente completa el cuadro con un hallazgo adicional: una consulta del Registro Público de Comercio confirma que Rocha participa en varias empresas del sector energético vinculadas con Pemex. Es información que la FGR incorporó como parte del análisis patrimonial y que, al cruzarse con su rol dentro de la organización, sugiere un mecanismo para inyectar combustible ilícito a una red formal ya existente.

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