La guerra del IVA y las empresas en jaque por el SAT
Mario Maldonado
El caso Samsung se ha convertido en el nuevo símbolo del desencuentro entre el gobierno y las grandes corporaciones manufactureras del país. La filial mexicana de la multinacional surcoreana enfrenta un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una presunta doble tributación derivada del programa IMMEX, bajo el cual las empresas importan temporalmente insumos para fabricar productos destinados a la exportación. El SAT argumenta que Samsung y otras compañías aplicaron indebidamente créditos fiscales en operaciones virtuales tipo V5, lo que habría provocado una duplicidad en el cobro del IVA. El monto en disputa supera los 300 mil millones de pesos y la empresa ha solicitado diálogo directo con el gobierno federal para alcanzar una solución.
Junto con Samsung está toda la arquitectura del modelo exportador mexicano. Cientos de empresas operan bajo el esquema IMMEX, y aunque no todas enfrentan auditorías o créditos determinados, el riesgo jurídico y financiero es compartido. En el sector electrónico y automotriz, los corporativos de Estados Unidos son los más expuestos: Lear Corporation, con más de 52 mil empleados en plantas de autopartes en Chihuahua, Sonora y Guanajuato; Aptiv, de capital irlandés con fuerte presencia estadounidense, con alrededor de 75 mil trabajadores en México; Whirlpool, con cinco fábricas en Apodaca, Ramos Arizpe y Celaya; Honeywell y Sanmina-SCI, ambas estadounidenses, que concentran cadenas de proveeduría electrónica y aeroespacial bajo esquemas de importación temporal; además de HP, Dell y Jabil, con centros de manufactura y diseño en Jalisco y Baja California. Todas ellas podrían verse afectadas por una interpretación fiscal que las obligue a pagar impuestos duplicados en operaciones que hasta ahora estaban exentas o acreditadas.
A su lado están gigantes europeos y asiáticos igualmente integrados al programa: Bosch y Continental, de Alemania; Magna, de Canadá; Yazaki y Panasonic, de Japón; LG y Samsung, de Corea del Sur; y Safran, de Francia, entre otros. La exposición no sólo es sectorial, sino geográfica. Los estados de Chihuahua, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato concentran la mayor parte de la producción IMMEX, con más de 2.8 millones de empleos directos. Un cambio de criterio fiscal podría tener un impacto devastador en regiones enteras donde la industria maquiladora es la base de la economía local.
En ciudades como Juárez, Reynosa, Tijuana, Celaya o Apodaca, una resolución adversa significaría la pérdida inmediata de competitividad frente a plantas gemelas en Texas, Arizona o Canadá. Para los trabajadores, la consecuencia serían recortes, suspensiones de turno o congelamiento de nuevas inversiones. Para los gobiernos estatales, una merma en el flujo de exportaciones ocasionaría menos divisas y una presión social.
El problema, sin embargo, trasciende lo tributario. En un escenario extremo, la imposición de una doble tributación en operaciones IMMEX podría interpretarse como una violación indirecta a los compromisos de México en el T-MEC y en el acuerdo con la Unión Europea, que garantizan trato no discriminatorio a bienes y empresas extranjeras. Un gravamen adicional o arbitrario a exportadores extranjeros podría activar consultas o mecanismos de controversia bajo los capítulos de Trato Nacional, Administración Aduanera e Inversión. Además, debilitaría la percepción de certeza jurídica justo cuando la revisión del T-MEC se acerca en 2026 y México necesita mantener la confianza de sus socios para consolidar el nearshoring.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció hace unos días que “hay expectación en Estados Unidos por ver cómo funciona la reforma judicial mexicana y su impacto en el estado de derecho”, aunque aseguró que no hay señales de fuga de inversiones ni ruptura comercial. “La actitud allá es de observar qué pasa con la reforma; no hay juicio anticipado”, dijo en el Senado, al tiempo que reiteró que el T-MEC “va a permanecer” y que México “no tiene por qué perder inversiones si hay claridad en las reglas”. Sin embargo, cualquier indicio de arbitrariedad fiscal o debilitamiento del Poder Judicial mexicano será leído como una amenaza a la estabilidad de las inversiones y a los compromisos adquiridos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último muro de contención en esta controversia. Ahí se litigan decenas de amparos vinculados a importaciones virtuales y devoluciones de IVA, y de su interpretación dependerá si la llamada “doble tributación IMMEX” se vuelve doctrina o se archiva como exceso administrativo. En las discusiones internas ministras como Yasmín Esquivel han dicho que “la Corte debe equilibrar el principio de legalidad con el de estabilidad económica”, mientras que Lenia Batres ha insistido en que las empresas “no pueden pretender una exención generalizada bajo el argumento de fomento a la exportación”. Otras voces, en contraste, advierten que una sentencia que avale el doble cobro del IVA sería regresiva y contraria a los tratados internacionales de comercio e inversión.
Columna: Todo se traduce en riesgo
L a inversión es el mejor indicador de confianza en una economía. No le pregunta a nadie su sentir, ni sus estimados, ni sus expectativas. No da su opinión frente a nada y no tiene que esforzarse por el vaso medio lleno o empeñarse en verlo vacío. La inversión —con toda -- leer más
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