La liturgia del 1 de septiembre en la SCJN

El 1 de septiembre marcará un parteaguas institucional. Ese día se instalará la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se consumará la reforma judicial más ambiciosa (¿y peligrosa?) en décadas. 

La jornada comenzará a las cinco de la mañana con la “purificación” de espacios en las instalaciones de la Corte en José María Pino Suárez 2. Continuará con la ceremonia de consagración, la entrega de bastones de mando, y culminará por la noche con la toma de protesta de los nuevos ministros en el Senado a las 19:30 horas y la sesión solemne de instalación a las 22:00. Una liturgia cuidadosamente diseñada para envolver con símbolos de legitimidad popular lo que en realidad es el rediseño de uno de los tres poderes de la Unión.

La nueva integración de la SCJN quedó definida a través de un sorteo de ponencias, un mecanismo que buscó imprimir imparcialidad pero que hereda responsabilidades de enorme calado. María Estela Rodríguez asumirá la ponencia de Jorge Pardo Rebolledo; Sara Irene Herrerías la de Javier Laynez; Giovanni Azael Figueroa Mejía la de Juan Luis González Alcántara; Arístides Rodrigo Guerrero García la de Margarita Ríos Farjat; Irving Espinosa Betanzo la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Hugo Aguilar Ortiz, el ministro más votado en la elección popular y próximo presidente de la Corte, ocupará la ponencia de Norma Piña. A ellos se suman las ministras reelectas Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que conservarán sus despachos y equipos. En conjunto, nueve integrantes que deberán hacerse cargo de más de mil 200 asuntos distribuidos en 42 categorías, desde amparos directos y conflictos de competencia hasta controversias constitucionales que definirán el alcance del nuevo presidencialismo.

El rediseño institucional llega acompañado de un telón económico. El gobierno prepara un decreto que permitirá a empresas y contribuyentes pagar adeudos fiscales sin intereses ni recargos mediante convenios con el SAT, una medida que ofrece oxígeno a los privados, pero que también refleja pragmatismo recaudatorio: mejor asegurar ingresos inmediatos que perderlos en litigios prolongados. El elefante en medio de la sala es el caso del Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego, y otros que tienen que ver con el comercio exterior y las aseguradoras. No obstante, el sector privado y los organismos internacionales observarán con lupa no solo las señales fiscales, sino la independencia de la Corte, porque un tribunal subordinado al Ejecutivo se traduce en primas de riesgo más altas, menor confianza de los inversionistas y presiones sobre la calificación crediticia del país.

Las nuevas corrientes al interior de la SCJN son una muestra de que el rediseño político alcanzó también la lógica interna del tribunal. Hay ministros que responderán a la línea directa de López Obrador, como Hugo Aguilar, Lenia Batres y María Estela Rodríguez, cuya lealtad política ha quedado probada en votaciones clave; otros que se identifican más con la operación política de Claudia Sheinbaum, como Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa o Giovanni Figueroa y Guerrero García.

A esta fragmentación se suma la creación de un nuevo órgano administrativo que concentrará el control financiero y operativo de la Corte. Estará integrado por cinco miembros: tres designados por el propio Poder Judicial, uno por el Legislativo y otro por la Presidencia de la República. Desde Palacio Nacional ya se adelantó el nombre de Néstor Vargas, operador cercano a Sheinbaum y a la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, como el representante presidencial en ese organismo. La arquitectura busca reducir la autonomía que durante años se ejerció desde la presidencia de la SCJN para manejar recursos, nóminas y proyectos de infraestructura, y trasladar esas funciones a un esquema colegiado con mayoría alineada al nuevo poder político.

El riesgo es el de un tribunal que ya perdió independencia en su composición y que también puede perderla en su administración interna. La Corte no solo será probada en la resolución de asuntos constitucionales delicados, sino en su capacidad de mantener control sobre su propio presupuesto y aparato burocrático. Sin autonomía operativa, la narrativa de justicia independiente corre el riesgo de diluirse en simples rituales. El 1 de septiembre quedará inscrito como el día en que, entre purificaciones y liturgias, la justicia mexicana se convirtió en un tablero donde cada pieza sabe exactamente a quién le debe obediencia.

A ello se suma un desafío mayúsculo que amenaza con ahogar a los nuevos ministros desde el primer día: más de mil 200 casos en trámite, a los que se añadirán decenas que quedaron congelados durante la transición. Sin salas especializadas, sin la división de funciones que antes permitía acelerar resoluciones, todo se concentrará en un solo pleno. El problema es que la mayoría de los nuevos integrantes carece de experiencia en la resolución de litigios de esa magnitud y complejidad, y ahora deberán abordar en bloque asuntos de impacto nacional, desde controversias constitucionales hasta amparos de carácter fiscal y electoral.

La historia ya ofreció una lección similar en 1994, cuando Ernesto Zedillo redujo de 26 a 11 los ministros de la Corte para legitimar la transición democrática tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la crisis política de aquellos años. La diferencia es que aquella reforma buscaba fortalecer la autonomía judicial y recuperar la confianza ciudadana, mientras que la de hoy parece orientada a diluir contrapesos y colocar al máximo tribunal al servicio del proyecto político en turno.

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