La Sedena en la elección judicial

La cada vez más cercana elección judicial ha acaparado la atención y los esfuerzos de todas las fuerzas políticas. Los organismos empresariales también trabajan en estrategias para alinear una especie de voto corporativo que permita impulsar a sus candidatos. Pero la novedad de este ejercicio inédito es que el Ejército Mexicano está jugando su propio juego y que, además de haber colocado en las boletas a sus candidatos, se prepara también para impulsarlos y votarlos.

Con sus más de 300 mil efectivos actuales, y la influencia que estos pueden tener en sus familiares, no resulta despreciable el apoyo que puede brindar la Defensa Nacional en una elección de este tipo, donde se prevé, si acaso, una votación de 10% de la lista nominal.

Según los expertos electorales, estaríamos hablando de más de un millón de votos, suficientes para colocar por lo menos a un aspirante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en alguno de los tribunales y juzgados importantes cuyas plazas se pondrán en juego el domingo 1 de junio.

Respecto a los candidatos que estaría impulsando la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, destaca un perfil cuyos vínculos con el Ejército están muy marcados desde hace años: se trata del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, quien se encuentra en la boleta de los candidatos para alcanzar un cargo de ministro. Su otra apuesta para la Corte es la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri.

Ricardo Sodi es un abogado más bien ligado a la Legión de Cristo y a su red de universidades Anáhuac. Se desempeñó como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte y desde ahí dio el salto para colocarse como la máxima autoridad del Poder Judicial del Edomex. Se sabe que el grupo religioso, fundado por el padre Marcial Maciel, tiene desde hace muchos años un fuerte vínculo con Sedena, a través de un convenio para la formación profesional de los militares y sus familiares.

Por ejemplo, entre las prestaciones con que hoy cuentan los altos mandos del Ejército Mexicano están las becas educativas, para ellos o para sus familiares, en los colegios respectivos de la Legión. Se han documentado transferencias millonarias de recursos desde la Unidad Ejecutora de Pagos para las Oficinas Superiores, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional, hacia la red de universidades o hacia el Instituto Cumbres, para el caso de becas de educación básica y media superior.
El vínculo se fortaleció y se evidenció también con el desarrollo en la Universidad Anáhuac de diversas cátedras relacionadas con la Seguridad Nacional e Internacional, además de que se instituyó por varios años en esa escuela, siempre con la colaboración y participación de la Sedena, el Seminario “La Defensa Nacional del Estado Mexicano: Una visión geoestratégica”, en el cual era infaltable en su momento, como titular de la dependencia, el general Salvador Cienfuegos.

En el caso de Zulema Mosri, hablamos de la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, aquel que fungió como Procurador General de la República durante la presidencia del panista Vicente Fox. Incluso en tiempos de la autodenominada Cuarta Transformación, los vínculos con el neoliberalismo no son un problema dentro de la institución castrense, mucho menos cuando colocar a una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería sinónimo de acumular beneficios y más poder, ahora que las Fuerzas Armadas, por lo menos en materia de seguridad, quedaron relegadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. También es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene la intención de seguirles dando proyectos económicos ni más obra pública. Al contrario, está buscando cómo quitárselos.

Posdata

Y ahora el agua. Este jueves el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo amago comercial contra México por supuestamente incumplir un tratado de reparto de aguas firmado hace 81 años. Trump invocó el Tratado de 1944, que estipula que cada cinco años, México debe enviar 1.75 millones de acres-pie de agua provenientes del Río Bravo. “México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pie de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero lamentablemente México está violando su obligación”, publicó en su red social.

El actual ciclo de entrega concluye en octubre, pero México ha enviado menos del 30% del agua comprometida, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Trump exigió que se cumpla lo pactado y amenazó con imponer sanciones y aranceles si México no entrega el agua correspondiente a Texas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que buscará llevar a cabo una serie de diálogos para poner en orden la situación de la entrega de agua a Estados Unidos, por lo que su gabinete, específicamente la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajan a marchas forzadas y a contrarreloj para encontrar una solución.

Esto se suma a la Ley General de Aguas mediante la que se va a regular la gestión del agua en México, con el objetivo de proteger los derechos humanos y el acceso al recurso. Todo esto impacta a las empresas que hacen uso intensivo de esta materia prima. Una amenaza más y todas las que se le ocurran al presidente Trump.

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