La verdadera cruzada contra el huachicol
Mario Maldonado
El huachicol no se acabó con los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. El robo de combustibles, en sus distintas modalidades, siguió siendo uno de los mayores boquetes fiscales y de seguridad para el Estado mexicano. Cifras internas de Pemex confirman que solo en crudo se roban alrededor de 16 mil barriles diarios, equivalentes a más de 45 mil millones de pesos anuales si se suman gasolinas, diésel y gas LP. El llamado “huachicol fiscal”, consistente en introducir combustibles por aduanas con pedimentos falsos o declarando productos como aditivos para evadir IEPS e IVA, genera pérdidas aún mayores. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) estima un impacto de más de 177 mil millones de pesos al año. En conjunto, ambos equivalen al 90% del presupuesto de la Secretaría de Salud o a un tercio del apoyo financiero federal a Pemex.
La dimensión del problema quedó evidenciada con el caso de Altamira-Tampico, donde se descubrió una red encabezada por marinos y funcionarios aduaneros que facilitaban la entrada de combustible ilegal. El operativo permitió asegurar buques como el Challenge Procyon y más de 10 millones de litros de diésel robado, y derivó en órdenes de aprehensión contra mandos navales, agentes aduanales y exadministradores de la ASIPONA.
Lo más escandaloso es que entre los detenidos están el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico. La Fiscalía General de la República giró 13 órdenes de captura y aprehendió a más de 10 implicados. El caso está marcado por el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Laguna, quien denunció la red y fue ejecutado en noviembre de 2024 junto a una agente ministerial en Colima.
El entonces presidente López Obrador decretó en tres ocasiones —2019, 2021 y 2023— que el huachicol estaba controlado o prácticamente eliminado. El contraste es que Pemex reportó que entre enero y junio de 2025 que sus pérdidas por robo de combustibles aumentaron 33% frente al mismo periodo del año anterior. La Secretaría se Seguridad reconoce que las tomas clandestinas siguen activas, que operan bandas especializadas con apoyo técnico de exempleados de Pemex y que el crimen organizado mantiene presencia en el negocio, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En lo que va de 2025, la ANAM, de Rafael Marín Mollinedo, y la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, han decomisado más de 50 millones de litros de diésel ilícito, además de cientos de carrotanques y embarcaciones con documentos apócrifos.
El plan de Pemex frente al huachicol incluye reforzar la trazabilidad de moléculas desde el pozo hasta la gasolinera, implementar sistemas de marcación de combustibles, mejorar la medición en baterías de separación y establecer controles volumétricos más estrictos. Sin embargo, la empresa carece de infraestructura suficiente. Muchos pozos no tienen medidores individuales, lo que permite que se pierda crudo sin contabilizar y se mezcle con agua o gas. En Pemex insisten en que “si no se mide, no se controla”, y que sin sistemas modernos de supervisión será imposible frenar el robo.
La reforma aduanera que prepara el gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar la llave al huachicol fiscal. La propuesta incluye endurecer los requisitos para los importadores de combustibles, con controles volumétricos en tiempo real conectados al SAT y a la ANAM, así como la cancelación inmediata de permisos irregulares. En los últimos meses, el SAT ya ha revocado decenas de autorizaciones de importación por irregularidades en la documentación y subdeclaración de volúmenes. La reforma también contempla crear una plataforma tecnológica de trazabilidad para seguir cada litro desde su ingreso al país hasta la estación de servicio, y fortalecer las facultades de sanción con suspensiones y cancelaciones definitivas a permisionarios reincidentes.
El problema es que el daño a la imagen institucional ya está hecho. La Marina, ahora encabezada por Raymundo Morales, hoy aparece golpeada por los señalamientos directos contra familiares y mandos de alto rango.
Incluso Estados Unidos ha puesto la lupa sobre este ilícito. Fiscales federales tienen en la mira y han detenido a empresarios y operadores tanto mexicanos como estadounidenses por contrabando de combustibles en la frontera, lavado de dinero y triangulación de embarques marítimos. El caso más notorio es el de la familia Jensen, de Utah y Texas, dueños de Arroyo Terminals, quienes fueron acusados de conspiración para introducir crudo robado de México, lavado de dinero y fraude aduanero en al menos 2 mil 881 embarques presuntamente coordinados con organizaciones criminales mexicanas. Fueron detenidos el 23 de abril de 2025 y el gobierno estadounidense busca decomisos y una sentencia económica de hasta 300 millones de dólares.
Hoy la diferencia es que, un poco por convicción del gobierno de Claudia Sheinbaum, un poco por la necesidad de fortalecer los ingresos fiscales y otro poco por la presión de Estados Unidos para golpear las finanzas del crimen organizado, México sí está combatiendo el huachicol en todas sus modalidades. Las incautaciones, las reformas legales y los procesos judiciales en curso muestran que, después de años de simulación, ahora sí hay una cruzada real contra el saqueo de combustibles.
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