Lo que se juega la 4T en el caso contra Salinas Pliego

El pleito del gobierno federal contra el empresario Ricardo Salinas Pliego está en uno de sus niveles máximos, a punto de explotar, con desenlaces impredecibles por lo delicado del asunto: un presunto adeudo fiscal multimillonario que ha ido aumentado muy rápidamente –pasó de 11 mil millones de pesos a 74 mil millones, según las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria Claudia Sheinbaum– y un magnate que al parecer está dispuesto a todo para evitar un doble pago, o lo que considera abiertamente como “un robo”. El tamaño de la disputa es inédito. En juego está la tercera fortuna más grande del país y, por el otro lado, el movimiento de la 4T y el legado Sheinbaum, además de que el tema podría trascender las fronteras mexicanas.

La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el expresidente y fundador de la llamada 4T, Andrés Manuel López Obrador, era buena al inicio del gobierno pasado. Tanto así que el exmandatario aceptó la propuesta del magnate de crear un Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia en el que participarían algunos de los hombres de negocios más cercanos al político tabasqueño, entre ellos el propietario de Grupo Salinas.

Las cosas comenzaron a enturbiarse cuando desde el Servicio de Administración Tributaria, encabezado entonces por la ahora secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y la Procuraduría Fiscal se comenzó a perseguir a particulares, principalmente a empresarios y sus corporativos con juicios fiscales pendientes. A punta de órdenes de aprehensión y mensajes de rudeza desde la Presidencia de la República, el gobierno empezó a recaudar dinero: 8,290 millones de pesos de América Móvil, 8,079 millones de Walmart de México, 8,790 millones de Femsa, 4,500 millones de Minera Fresnillo, 2 mil millones de Grupo Modelo, 669 millones de IBM México y así otras más.

En varios casos, el gobierno federal no pudo recuperar el dinero y emitió órdenes de aprehensión contra los empresarios. Uno de los casos más sonados fue el de Interjet, de la familia Alemán, contra quienes se abrieron juicios penales, a pesar de que uno de ellos, Miguel Alemán Magnani, formaba parte del Consejo Asesor Empresarial del entonces presidente López Obrador.

Con Ricardo Salinas Pliego, además de los temas fiscales, se abrieron otros frentes con el gobierno: la crítica férrea por la política educativa, la corrupción, el dispendio de recursos públicos en proyectos de infraestructura con muchas irregularidades operativas, contractuales y financieras, entre otros pleitos de corte ideológico y personales. Desde entonces, la relación lucía como irreparable, y con el paso del tiempo esa teoría se ha confirmado: es prácticamente imposible un acuerdo como el que en su momento le planteó el expresidente López Obrador al empresario Salinas Pliego, pero que el primero incumplió, a decir del empresario.

La revuelta del gobierno contra el Grupo Salinas ha sido explosiva: De adeudar unos 11 mil millones de pesos, un año después, en marzo 2024, el SAT informó que el conglomerado ya debía 63 mil millones, derivado de 17 juicios fiscales correspondiente a los años 2008‑2018. Durante el primer gobierno federal de la 4T se emitieron créditos adicionales por 10 mil millones. Desde entonces, López Obrador presionó al Poder Judicial a emitir una respuesta, pero el caso fue heredado al gobierno de Sheinbaum, quien en diciembre pasado aseguró que Salinas Pliego “va a tener que pagar los impuestos que debe”. “La justicia llega”, agregó. La noticia más reciente se dio la semana pasada, cuando a través de la Procuraduría Fiscal se exhibió que Grupo Salinas debe aún más dinero: 74 mil millones de pesos, para lo que solicitó expresamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva los casos y que si no sería la próxima SCJN, que entrará en funciones en septiembre, la que lo haría.

El choque de trenes está por suceder. Salinas Pliego, con sus empresas y sus 20 millones de clientes está dispuesto a enfrentarse con la Presidenta y con todo el Estado Mexicano, que, en el contexto y coyuntura actual, podría perder mucho más de lo que ganaría, sobre todo si en su afán de obtener el dinero del Grupo Salinas decide girar órdenes de aprehensión, retirar concesiones públicas o intervenir empresas. Sería contraproducente para el gobierno, por ejemplo, quitarle la concesión a TV Azteca, por el mensaje que enviaría al mundo (un paso que ni siquiera se atrevió a dar a AMLO), y ni qué decir del Banco Azteca, Totalplay o cualquiera de las otras empresas del grupo. El gobierno estadounidense parece estar también muy vigilante del desenlace de este pleito. Hay mucho en juego para el gobierno de Sheinbaum.

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